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La manifestación contra la política educativa del Gobierno

Alianza Popular condicionó su apoyo económico

C. Y. Los dirigentes de Alianza Popular estaban dispuestos a sufragar un alto porcentaje de los gastos de organización de la protesta contra la política educativa del Gobierno, pero decidieron no hacerlo después de que los convocantes acordaron en octubre que los partidos políticos no tuvieran protagonismo en el desarrollo de los actos, según han confirmado altos cargos de AP, entre ellos Alfonso Osorio.

Fuentes próximas a la Conferencia Episcopal señalan que AP llegó a ofrecer 70 millones a los organizadores. AP, según dichas fuentes, pedía que en la protesta hubiera personas con brazaletes y pancartas de AP, extremo al que se oponían los obispos. Los organizadores, siempre según esta versión, decidieron rechazar la oferta.

Por el contrario, un miembro del comité ejecutivo de AP -que ha pedido permanecer en el anonimato- asegura que fueron los organizadores los que pidieron que Alianza Popular aportara fondos, hecho del que se informó en una reunión que mantuvieron "una mañana de finales de septiembre o principios de octubre" los miembros de la ejecutiva aliancista. Este informador dice que, aunque no lo recuerda muy bien, "pondría la mano en el fuego" que fue Carmen Alvear quien había hecho la petición, que fue expuesta por un colaborador de Osorio en los contactos con la organización de la protesta. AP respondió negativamente.

Carmen Alvear, presidenta de la Concapa (Confederación Católica de Padres de Familia), y Santiago Martín, secretario general de la FERE (Federación Española de Religiosos de la Enseñanza), niegan ambas versiones.

Sin embargo, Osorio señala que, a pesar de la contradicción entre ambas versiones, "la verdad es la suma de las dos". Según Osorio, su partido estaba dispuesto a ayudar generosamente a los organizadores, cuando, en la fase inicial de los preparativos -a comienzos de septiembre-, la organización quería ampliar la participación activa en la protesta a los partidos políticos.

Ya en octubre, los organizadores de la protesta decidieron -los obispos y el propio Gobierno influyeron en ello- que los partidos no tuvieran protagonismo, y AP acordó no colaborar económicamente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de noviembre de 1984