La intervención del Gobierno ha dañado la competencia bancaria, según Raimundo Ortega

La Intervención de los poderes públicos en el sistema financiero español ha ido en contra de la promoción de la competencia y, por el contrario, ha proporcionado beneficios oligopolistas a aquellas instituciones que ya estaban asentadas, señaló Raimundo, Ortega, director general del Tesoro y Política Financiera, en la inauguración de las terceras sesiones de trabajo de tesorería organizadas por la Caja de Ahorros de Navarra.

La intervención de la Administración española en los mercados financieros ha sido extraordinariamente lenta a la hora de tomar decisiones y ha proporcionado una escasa información al público en general, con lo que ha servido, en definitiva, para impedir una sana competencia que debería regir en toda economía de mercado y ha reforzado la presencia de las entidades que ya estaban situadas en dichos mercados, en detrimento de aquellas otras que querían hacerse un hueco.El caso más típico de esta deficiente intervención lo proporciona la crisis financiera iniciada en 1978 y culminada en 1982 con la declaración de insolvencia de más de medio centenar de instituciones bancarias y un buen número de cooperativas de crédito, en especial cajas rurales. La intervención pública ha ocasionado además unos costes elevadísimos a partir de la exención de cubrir coeficientes de que han gozado la mayor parte de estas instituciones financieras y la concesión de cuantiosas ayudas para su reflotamiento.

La modernización del sistema financiero exige, en opinión de Raimundo Ortega, una vez que ya se ha solventado la mayor parte de la crisis, un decálogo de actuaciones cuya puesta en aplicación puede dilatarse en el tiempo a través de un calendario establecido de lo que resulta imprescindible.

Estos principios básicos son la implantación de un seguro de depósitos efectivo; la implantación de mecanismos para que puedan desaparecer las instituciones inviables sin que perjudique al conjunto del sistema financiero; mayor supervisión de las tácticas bancarias llevadas a cabo; la realización por parte del Banco de España de inspecciones suficientes; el desarrollo de nuevos mercados competitivos; abrir la competencia a nuevos agentes económicos; libertad completa de tipos de interés e implantación geográfica; revisar las condiciones de capital mínimo exigido para la constitución de instituciones financieras; caminar hacia una retribución, a precios de mercado, de los coeficientes monetarios, y por último, reordenar los sectores que obtienen en la actualidad financiación privilegiada, llevándolos hacia subvenciones presupuestarias en lugar de mantener el viejo esquema de coeficientes obligatorios.