¿Cambio en la policía?

LAS RECIENTES declaraciones de altos cargos del Ministerio del Interior sobre la próxima reforma de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han creado la expéctativa de que el Gobierno se ha decidido finalmente, tras dos años de vacilaciones y retrocesos, a dar cumplimiento, al menos parcial, al programa electoral del PSOE en ese terreno. El director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, anunció días pasados el propósito del Ejecutivo de facilitar cauce de expresión legal a las "realidades sindicales" que existan dentro de la Policía Nacional. La noticia de que el Ministerio del Interior se dispone a inscribir en el Registro de Asocia ciones al Sindicato Unificado de Policía (SUP), obligado hasta ahora a desarrollar sus actividades en un extraño limbo alegal, confirma esa voluntad de proporcionar salida a un conflicto tan absurdo como enconado. Cuando los funcionarios del Cuerpo Superior de Policía habían visto amparados sus derechos sindicales durante la anterior legislatura mediante el reconocimiento del Sin dicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión Sindical de Policías (USP), resultaba contra la Constitución que se negara la libertad sindical a los miembros de la Poli cía Nacional.La militarización de la Administración policial, una constante de la historia española contemporánea, hipoteca la estabilidad de un Estado basado en la soberanía popular, la supremacía del poder elegido democráticamente y el ejercicio de las libertades. La propuesta de conferir carácter civil a los cuerpos y fuerzas de seguridad no posee el más mínimo filo agresivo contra las Fuerzas Armadas, cuyas específicas misiones -totalmente diferentes a las del mantenimiento del orden público- se hallan claramente definidas por la Constitución. La unificación de la Policía Nacional y del Cuerpo Superior de Policía, la desaparición del Estado Mayor de la Policía Nacional y la futura eventual designación como director general de la Guardia Civil de una persona ajena a las Fuerzas Armadas serían pasos inequívocos en el rumbo de la modernidad y la democracia.

No obstante, resultaría decepcionante, y hasta engañoso, que esas reformas legales no fueran acompañadas de cambios sustantivos en la política de nombramientos del Ministerio del Interior, de forma tal que ese catálogo normativo de buenas intenciones quedara reducido a la condición de simple sombrerazo para la galería. La credibilidad política de los responsables del ministerio se ha visto en demasiadas ocasiones empañada por la adopción de decisiones totalmente incoherentes con las proclamaciones éticas, democráticas y reformistas del Gobierno socialista. Las condecoraciones impuestas a guardias civiles procesados por delitos de tortura o el nombramiento como miembro de la asesoría legal de la Dirección de la Seguridad del Estado de un teniente coronel procesado por desacato contra un juez en San Sebastián que investigaba denuncias por malos tratos no parecen síntomas alentadores. La pasividad o las reticencias ante las denuncias de que la tortura se sigue practicando en dependencias policiales y en cuartelillos de la Guardia Civil, bajo el mandato de un Gobierno socialista, completan el inquietante cuadro.

Si a ello se añade el protagonismo concedido en el aparato de seguridad del Estado a la Guardia Civil, cabe el beneficio de la duda a la hora de creer que el ministro Barrionuevo y sus colaboradores deseen firmemente una policía civil y llevar a cabo las reformas legales que el programa electoral del PSOE prometió a sus votantes. Mientras el Gobierno parece resuelto actualmente a reforzar la fortaleza y capacidad de fuego de la Guardia Civil, que puede obtener una operatividad de carácter más militar que otra cosa, la campaña socialista de hace dos años incluía dentro de sus proyectos la voluntad de reforzar la dependencia de la Guardia Civil del Ministerio del Interior, estudiando una reforma de este cuerpo en función de las realidades sociales". El temor a que las recientes declaraciones de algunos cargos subalternos del departamento de Interior en favor de una policía civil sean sólo cortinas de humo destinadas a salvar la cara ante la opinión pública o a calmar la irritación de los sindicatos del Cuerpo Superior de Policía y de la Policía Nacional es, probablemente, excesivo. En cualquier caso, las decisiones globales del Gobierno, la política de nombramientos y la aprobación por las Cortes Generales de las leyes orgánicas de cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado y de unificación de la policía darán respuesta a esta interrogante.