Frágil acuerdo de principio para que la Diputación de Barcelona mantenga la presidencia de la Caixa de Catalunya

La crisis de los órganos rectores de la Caixa de Catalunya llegó entre ayer y anteayer a un principio de solución, que permitirá, caso de que no se rompa a última hora -lo que es verosímil- la pacífica celebración de la asamblea general extraordinaria convocada para hoy. El acuerdo alcanzado supone que la presidencia seguirá recayendo en uno de los consejeros nombrados por la Diputación de Barcelona, en su calidad de corporación fundadora. Como contrapartidas, el nombre del nuevo presídente será consensuado y la primera vicepresidencia recaerá en uno de los representantes de los impositores.

Este acuerdo, cuyos detalles deben ser desarrollados hoy mismo, es muy frágil. Fue alcanzado en primer término en un almuerzo celebrado el miércoles por el conseller de Economía y Finanzas, Josep María Cullell; el presidente de la diputación, el socialista Antoni Dalmau; y los consejeros representantes de los impositores Valentí Garrigasait y Jaume Pés (del llamado bloque conservador). En el almuerzo se concluyó el esquema general, que se sometió a la posterior ratificación de las partes.

El almuerzo del pacto

La reunión fue compleja. El conseller indicó que estaba fuera de toda duda la cuestión de que la presidencia debía seguir recayendo en un vocal de la diputación, lo que, de entrada marcó la pauta de la reunión. Esta definición, sin embargo, no prejuzgaba -al decir de Cullell- la actitud que adoptaría la Generalitat sobre los resultados de la asamblea general extraordinaria prevista para hoy, es decir, sí validaría o no los acuerdos que se adoptasen. Cullell dejó traslucir que piensa actuar "siguiendo a rajatabla" los criterios del Banco de España, al que pediría informes no vinculantes. La sesión está convocada, en principio, para modificar el artículo 64 de los estatutos de la entidad, por el cual la presidencia debe recaer en uno de los ocho -del total de 20- consejeros designados por la diputación.Los representantes de los impositores acudían con una fórmula de reforma consistente, en síntesis, en que el presidente sería nombrado de entre los vocales representativos de la diputación, si el primer candidato propuesto obtenía mayoría en el consejo, y que en caso contrario, en cualquiera de los miembros del consejo. Esta fórmula suponía desposeer de hecho de la presidencia a la diputación, cambiando su derecho absoluto por una mera prelación protocolaria. Junto a ello, Garrigasait y Pes expusieron su deseo de que la diputación cambiase a varios de sus representantes y consensuase con ellos los nombres de quienes deberían sustituirles.

La postura de Antoni Dalmau se resumió en que la presidencia era histórica y legalmente irrenunciable para la diputación, y que si ello no era respetado, no habría ningún tipo de acuerdo. El titular de la diputación mostró su disposición, en contrapartida, a consensuar el nombre del futuro presidente y a ceder a la represenúción de los impositores la vicepresidencia primera, siempre que se estableciese un límite temporal específico al ejercicio de la presidencia en funciones por el vicepresidente primero cuando la presidencia estuviera vacante.

La flexibilidad mostrada por Dalmau y la contundencia del planteamiento de Cullell condujeron a los representantes de los ¡mpositores a una reconsideración de su postura. Garrigasait y Pes aceptaron en principio la idea de no reformar el carácter de la presidencia, siempre que ello se acompañase de la obligatoriedad de convocar con mayor frecuencia al consejo de administración, así como la propuesta de entrar a dialogar más profundamente sobre las otras contrapartidas.

Los representantes de los impositores, tras someter el acuerdo a consulta, quisieron retocarlo ayer, ampliando sus condiciones de forma que la propia Generalitat consideró "inaceptable" para la corporación fundadora. Tras varias idas y venidas, se volvió a la idea inicial, aunque no es descartable que el pacto se quiebre hoy.