La aplicación del recargo sobre el IRPF en 1984 provoca sorpresa entre los ciudadanos y los sindicatos

Las organizaciones vecinales y de consumidores de Madrid manifestaron ayer su sorpresa por la intención del Gobierno regional de aplicar el incremento del 3% sobre el IRPF en la declaración de la renta correspondiente a este año. El Grupo Popular estudia la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad por "el efecto retroactivo del recargo". También el PCE, así como las centrales sindicales UGT y CC OO, mostraron su oposición al proyecto, "que cargará sobre los trabajadores y no sobre los que defraudan a Hacienda".

José López López, diputado regional del Grupo Popular dijo ayer que la intención del Gobierno regional de adelantar. el cobro del recargo al ejercicio de 1984 "es algo completamente ilegal puesto que las leyes fiscales no pueden tener efecto retroactivo". Y precisó que "la modificación de cualquier tipo de ordenanzas fiscales, y mucho más en el caso de las de nueva creación, sólo puede afectar al contribuyente a partir de su entrada en vigor".Francisco Gil, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, afirmó que el adelanto del recargo es legal. "Se pretende aplicar el recargo a las rentas devengadas en 1984, y eso se puede hacer siempre que la Asamblea apruebe el proyecto antes de fin de año, cuando el ejercicio fiscal de 1984 está aún vigente. Carácter retroactivo tendría si quisiéramos aplicarlo sobre 1983".

Los diputados populares Gabriel Usera y José Antonio López Casas añadieron que "Leguina desea que el recargo pueda aplicarse ya en 1985 para que el Estado les adelante dinero". Los parlamentarios conservadores insistieron en que perjudicará a los contribuyentes de rentas, más bajas. Francisco Gil reconoció que la urgencia del proyecto se origina por la necesidad del Gobierno regional de contar con fondos. "Si el recargo se aplica ya sobre las rentas de 1984, a partir del 1 de enero podremos entablar negociaciones con el Ministerio de Hacienda para que nos adelante cantidades".

Fuera del AES

La Confederación de Empresarios Independientes Madrileños (CEIM) está estudiando detenidamente el proyecto con el fin de dar a conocer el próximo lunes su opinión. Adelanta como "impresión" que "esta medida se sale de la tónica del Gobierno de la nación al comprometerse por la firma del AES a limitar el crecimiento de la presión fiscal a mantener las fases y los tipos del IRPF para 1985 y al manifestar su voluntad de coordinar una disciplina presupuestaria y fiscal a todos los niveles", según manifestó el presidente, José Antonio Segurado.

Manuel Rico, diputado comunista en la Asamblea de Madrid, manifestó que su grupo presentará numerosas enmiendas parciales al proyecto de ley y no ha descartado la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad. Rico dijo que "las prisas con las que se ha elaborado la propuesta obedecen a la angustiosa crisis financiera de muchos ayuntamientos". El PCE critica el proyecto porque "grava las rentas salariales y no supone una lucha contra el fraude fiscal en la región madrileña, que puede evaluarse en unos 200.000 millones de pesetas anuales". Según Rico, "no hay garantía de que los ayuntamientos eliminen otras tasas o de que no se produzca un recargo en la contribución urbana".

Reticencias

Las dos centrales sindicales mayoritarias, CC OO y UGT, expresaron ayer sus reticencias respecto al proyecto de recargo fiscal. Juan José Azcona, secretario de finanzas de la Unión Sindical de Madrid-Región de Comisiones Obreras, lo calificó de "precipitado y no progresivo".

Según Azcona, los perjudicados van a ser, entre otros, los inquilinos que en la actualidad no pagan tasas de alcantarillado y basura, porque lo hacen directamente los propietarios de los inmuebles que ocupan. Otros afectados, en su opinión, serán "las familias o grupos de personas que viven en una sola casa, en la que entran dos o más sueldos". Por el contrario, van a resultar beneficiados, según esta fuente sindical, "la gente que no está censada en Madrid, pero sí tiene casa aquí, porque no va a pagar las tasas municipales ni el recargo del IRPF".

Benjamín Castro, secretario general de UGT en la región de Madrid, coincidió con Azcona en manifestar que "el recargo del 3% en el IRPF va a afectar fundamentalmente a los que cobran por nómina y va a beneficiar a los que defraudan a Hacienda". Añadió que su organización no adoptará una posición definitiva respecto a este tema hasta que no haya estudiado en detalle el proyecto del Gobierno autónomo. El dirigente ugetista añadió que "hubiera preferido que una medida semejante fuera adoptada tras una profunda lucha contra el fraude fiscal, cuando se tuviera certeza de que todo el mundo paga lo que debe y no sólo los que están controlados por la nóminas".

A las organizaciones de consumidores y asociaciones de vecinos de Madrid les ha cogido por sorpresa la rapidez con la que se están realizando todos los trámites previos a la aprobación del recargo. El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Carlos Sánchez Reyes, manifestó que "el recargo cae esencialmente sobre las clases medias que tienen controlados sus ingresos, y no sobre los más poderosos económicamente, que defraudan con más facilidad".

Carlos Sánchez añadió que supondría "un claro doble recargo sobre el que habría que cuestionarse su legalidad, puesto que la mayoría de los ciudadanos ya han abonado los impuestos municipales correspondientes a este año". El presidente de la Federacl ón Provincia¡ de Asociaciones de Vecinos, José Díaz, redundó en la opinión anterior.

La ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las Haciendas locales, de diciembre de 1983, autoriza a los ayuntamientos a establecer un recargo de hasta el 10%. sobre la cuota líquida del IRPF.