Detectado en Barcelona un fraude al Fondo de Garantía Salarial

Un abogado barcelonés, Jesús Jiménez Ros, y otras cinco personas han sido detenidas por la policía de Barcelona acusadas de cobrar repetida y fraudulentamente indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial. Las acusaciones que se reflejan en las diligencias policiales son las de falsedad, fraude y estafa en la percepción de indemnizaciones por despido del Fondo de Garantía Salarial del Ministerio de Trabajo. El montante de la estafa aún no ha sido calibrado por la policía.

Los detenidos son, además del letrado Jesús Jiménez, los trabajadores Enrique Riera Aulí, barcelonés, 64 años; Santiago Córdoba Torres, de Montemayor (Córdoba), 47 años; Antonio Burgues Cabrero, barcelonés, 28 años; Miguel Vicente Ferríz, de 51; y Jaime Soler Salvat.Fuentes policiales han manifestado a este diario que las responsabilidades de los detenidos en relación al delito del que están acusados son distintas, "y por esa razón creemos que alguno de ellos no será enviado a prisión cuando el juez de guardia vea mañana (por hoy) las diligencias que hemos abierto".

La Delegación de Trabajo solicitó la intervención de la policía cuando comprobó que varias personas lograron indemizaciones del Fondo de Garantía Salarial después de haber sido despedidas repeditadamente y de una forma irregular por empresas que nunca se presentaban en los juicios que emplazaba Magistratura.

Las investigaciones culminaron el lunes por la noche con la detención de Enrique Riera, Santiago Córdoba, Antonio Burgues, Miguel Vicente, Jaime Soler y el abogado Jesús Jiménez, un letrado colegiado en Barcelona desde 1970. Los detenidos, que han pasado las dos últimas noches en los calabozos de la Jefautura barcelonesa, serán presentados hoy ante el juez.

Un nuevo fraude

"Esta detención podría ser el reflejo de un nuevo fraude social en España", explicaron ayer fuentes cercanas a la investigación. Otros portavoces oficiales no quisieron comparar este caso con el fraude a la Seguridad Social, descubierto en Barcelona en enero de 1983.En aquel caso se vieron involucrados 58 empresarios, inspectores de la Oficina de Trabajo, dos abogados, dos graduados sociales, seis asesores laborales y dos funcionarios de la Delegación de Trabajo. Algunos de los encausados fueron a la cárcel por falsear, presuntamente, documentos que les rebajaron las cuotas del Seguro, con la supuesta complicidad de algunos funcionarios.

Los implicados en aquel fraude, cuya cuantía fue fijada oficialmente en 3.200 millones de pesetas, se quejaron de que sólo se estaban investigando escrupulosamente los fraudes cometidos por los empresarios y no la defraudación que realizaban muchos trabajadores para poder percibir indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial.

Uno de los principales acusados delfraude a la Seguridad Social, el ex inspector de Trabajo Ramón Ballesteros Pulido, prestó declaración ayer ante el juez. Ballesteros se encontraba hasta hace pocas semanas en paradero desconocido.

El pasado día 25 se presentó voluntariamente ante el juez, que decretó su libertad provisional, bajo una fianza de dos millones de pesetas. La decisión del juez fue recurrida por el ministerio fiscal, que presentó un recurso de reforma contra la resolución del juez de instrucción número 2 de Barcelona, Germán Gambón.