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Editorial:

Demasiados impuestos, señores socialistas

LOS AYUNTAMIENTOS de Madrid gobernados por socialistas han pedido a la Asamblea de esta comunidad autónoma una ley para imponer en su territorio un recargo del 3% sobre la cuota de cada vecino en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Paralelamente, el proyecto de ley de Presupuestos para 1985 prevé una serie de medidas y aumentos en los impuestos municipales.La iniciativa del recargo, que funciona en otras provincias, en lo que concierne a Madrid surgió de seis alcaldes (Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Fuenlabrada). El pasado viernes fue aprobada en la capital, donde vive la mayoría de los 4,5 millones de habitantes de la comunidad autónoma. La medida se ha impuesto con el rechazo de todos los demás grupos, desde la derecha conservadora hasta los comunistas.

Los municipios tan súbitamente convertidos a las bondades del recargo no quisieron aplicarlo el pasado año. En el resto de España lo aprobaron medio millar de pequeños y medianos ayuntamientos. La experiencia fue censurada por la oposición fraguista, lo que no evitó que uno de los mayores porcentajes (10%) fuera impuesto por un Gobierno de ese signo político (Santander). En Sevilla, la Audiencia Territorial lo suspendió por inconstitucional, mientras que el recurso ante el mismo ámbito judicial de Valladolid fue rechazado, con la imposición de costas al contribuyente que lo promovió. Las críticas más intensas procedieron del Grupo Popular y de Convergència i Unió, que han solicitado un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Las alegaciones de inconstitucionalidad radican en el principio de igualdad ante la ley por razón de territorio y en la sombra de confiscación que se deriva, según los denunciantes, de no poner tope al recargo sobre un tributo cuya aplicación es facultad del Parlamento. Aquí surge otra complicación jurídica: la distinción entre los recargos a iniciativa de cada ayuntamiento y los impuestos por ley de una comunidad autónoma, pues el artículo 157 de la Constitución aclara que "los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos", entre otros, por "recargos sobre impuestos estatales".

La consideración de todo ello permite dudar sobre la espontaneidad de un movimiento aparentemente surgido desde la base de los alcaldes de algunos pueblos. Fue el Ministerio de Economía el impulsor de estos recargos, que no han logrado su introducción a iniciativa de cada ayuntamiento, y es oportuno preguntarse si la actual receptividad de la autonomía madrileña no está pilotada desde otras esferas de poder, empeñadas en trasladar la responsabilidad fiscal del Estado hacia la periferia (ayuntamientos, diputaciones, autonomías), destinataria de buena parte de las exacciones fiscales.

Hasta ahora, la financiación de las autonomías, excepción hecha de las forales (País Vasco y Navarra), se limita a recursos transferidos por el Estado. La cesión de tributos y los porcentajes de participación en los ingresos del Estado han sido complementados con endeudamiento propio. Mientras tanto, gracias a nuevas tasas e impuestos, las corporaciones locales tuvieron el año pasado ingresos fiscales por valor de 780.000 millones de pesetas (un 27% más que el anterior) y se aproximarán en el próximo al billón de pesetas.

Con el 3% de recargo en el impuesto sobre la renta para los ciudadanos de los 178 ayuntamientos madrileños (unos 8.000 millones de pesetas), así como con otros fondos (compensación interterritorial y planes provinciales de obras gestionados por la comunidad autónoma), los municipios peor dotados podrán mejorar su situación. Resultan encomiables estos objetivos, basados en la solidaridad, y ciudades-dormitorio como las poblaciones de las que partió oficialmente la iniciativa necesitan paliar los despropósitos y las secuelas de la especulación que impregnaron los últimos lustros de la dictadura. Sin embargo, no estamos seguros de que el método de los recargos sea el más acertado. Los contribuyentes soportan ya a través de la fiscalidad del Estado mecanismos redistributivos relacionados con las corporaciones locales. Casi una tercera parte de los ingresos de los ayuntamientos procede de transferencias del Estado a través del Fondo de Cooperación Municipal. Existe un Fondo de Cooperación Interterritorial que intenta corregir con dinero del Estado destinado a inversión pública los desequilibrios entre las regiones. Las diputaciones perciben un recargo del 1 % sobre el impuesto de tráfico de empresas y la ley de Financiación de las Comunidades Autónomas prevé otro fondo para nivelar los servicios entre autonomías. Cuando estas vías de solidaridad permanecen inexplotadas parece aventurado inventarse otras que no harán sino sobrecargar la presión fiscal sobre el contribuyente.

El aumento de la presión fiscal municipal, especialmente en los grandes ayuntamientos, comienza a ser apabullante. Hay ayuntamientos con decenas de tasas e impuestos, tantos como el Estado. La ley de Régimen Local permitirá desde 1986 que los ayuntamientos se hagan cargo de la gestión de los tributos -contribución territorial y licencias- que hoy cobra en su nombre Hacienda. El proyecto de ley de Financiación que se espera para principios del próximo año parece que implantará dos grandes figuras: el impuesto inmobiliario (mezcla de las contribuciones y de algunas tasas, como las de basuras y alcantarillado) y un recargo en el futuro impuesto estatal sobre el valor añadido (IVA). Anticiparse a este conjunto de normas con una ley de una comunidad autónoma no tiene sentido. Los socialistas de Madrid deben revisar su decisión y retrasar sus ansias recaudadoras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 30 de octubre de 1984