La Seguridad Social abrirá 200 oficinas de seguimiento de sus 'contribuyentes' para evitar el fraude

La Seguridad Social ha decidido seguir los pasos de Hacienda y abrir el próximo año 50 administraciones comarcales, con el fin de controlar más de cerca a sus "contribuyentes". Será la primera fase de un plan similar al puesto en marcha por el fisco. Al igual que éste, pretende contar en 1987 con 200 oficinas (una por cada 50.000 cotizantes). Descartados los proyectos de unir actuaciones, cada administración irá por su cuenta. En el sistema público de protección, al que las empresas deben más de un billón de pesetas, el objetivo para 1985 ya está formulado: "mantener la morosidad física por debajo del 10% del total de las recaudaciones". Las nuevas oficinas serán enclavadas muy preferentemente en las grandes ciudades.

La apertura de 200 oficinas de la Tesorería de la Seguridad Social forma parte de un plan más amplio de reforma de ésta. Desde hace varios años ha sido estudiada la posibilidad de integrar, desde sus vertientes de ingreso y gasto, las recaudaciones de Hacienda y de la Seguridad Social. Evitar duplicidades y facilitar el control y la lucha contra el fraude eran las aspiraciones teóricas. Pero el proyecto parece abandonado, salvo en la anunciada supresión de ayudas a la familia (unos 50.000 millones de pesetas anuales), que será compensada por un aumento de las desgravaciones fiscales.El primer paso para confirmar la actual separación fue dado a finales del año pasado por el fisco. Para acercarse a los contribuyentes anunció la creación de 200 nuevas administraciones, ceñidas luego a la actual demarcación de cada distrito postal. Sólo en 1985 el coste del proyecto, en su segundo año de desarrollo, ascenderá a 20.000 millones, de ellos unos 7.000 para personal y 7.166 en inversiones para comprar o construir edificios. Los altos cargos de Economía y Hacienda consideran estos gastos la inversión más rentable. Por el fraude se deja de ingresar cada año cerca de billón y medio de pesetas.

La recaudación de la Seguridad Social no tiene menores problemas: si carece de tanto fraude, sufre una morosidad acumulada, que el año pasado excedió por primera vez el billón de pesetas. Buena parte de esta cifra se da por irrecuperable, por tratarse de deudas de empresas ya desaparecidas, en quiebra o que sim

plemente argumentan que no pueden pagar. Paralelamente, ejercicio tras ejercicio incurre en impagados el 10% de las empresas españolas. Los resultados de las medidas aplicadas han sido valorados positivamente por los responsables del sistema, que quieren darles un impulso decisivo con medios propios.

Una red con tres objetivos

Esta reforma de la gestión recaudatoria será desarrollada a través de una red de 200 administraciones de la Tesorería General. Tres serán sus grandes objetivos: conocimiento puntual de la población cotizante, inspección de los sujetos obligados a cotizar y la gestión del procedimiento ejecutivo en vía de apremio. Hasta ahora, de los apremios se encargan la Magistratura de Trabajo (que el próximo año pasa a depender del Ministerio de Justicia) y los servicios fiscales del Ministerio de Economía y Hacienda, que empezaron a trabajar cuando todavía se albergaba la posibilidad de integrar ambas administraciones.La creación de nuevas administraciones (en 1987 se espera tener una por cada 50.000 cotizantes) seguirá el siguiente plan. En 1985 serán establecidas 50 en las provincias con mayor importancia en la recaudación (15 en Madrid, 14 en Barcelona, 6 en Valencia) y en aquellas otras que no es posible aplicar dicho concierto con el Ministerio de Economía y Hacienda (2 en Álava, 4 en Guipúzcoa, 3 en Navarra y 6 en Vizcaya). En 1986 se ampliarán a 22 las de Madrid y Barcelona, y serán instaladas otras 65 en as provincias que siguen en importancia recaudatoria.

Control de los morosos

Al acometer en 1985 el plan, que costará este año 6.908 millones de pesetas (casi 4.000 para pagar a 1.765 personas), pero que espera aumentar la recaudación en más de 14.500 millones, la Seguridad Social proyecta elaborar un estatuto de recaudación e cuotas en vía ejecutiva y un reglamento de procedimiento para la exacción de cuotas en vía de apremio.Junto a esta reforma, la Seguridad Social tiene preparado para 1985 un programa específico de control de la morosidad. Mantener la morosidad física de las empresas "por debajo del 10%", según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, y "efectuar visitas por los controladores en número de 47.250" forman parte de las previsiones. Asimismo, los objetivos para el cobro de impagados por la vía de apremio son: a través de las Magistraturas de Trabajo, 17.800 millones de pesetas, con un coste de gestión de 1.622 millones; en concierto con el Ministerio de Economía y Hacienda, 13.750 millones, con un coste por premio de 1. 100 millones. Lograr este objetivo significaría incrementar en 10.000 millones la recaudación prevista para el año actual y cobrar el 20% de los expedientes remitidos al fisco.

Unidos los dos anteriores programas a otro sobre recaudación en período voluntario, dentro del cual se mantendrán los convenios y conciertos a nivel de empresas o de sectores, la Seguridad Social pretende también tener comprobados todos los boletines de cotización en un plazo medio de 45 días (360.000 al mes), domiciliar a 25.000 nuevos autónomos y emitir en un plazo de 30 días las notificaciones de descubierto de las cuotas requeridas y no abonadas. El conjunto de los tres programas tendrá un presupuesto de gasto de 22.452 millones de pesetas, con aumento del 81 % sobre el año anterior.