Ruiz-Giménez estudia la presentación de un recurso contra la ley de Objeción de Conciencia

"Tenemos que ser beligerantes contra la tortura", declaró ayer a EL PAÍS el defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, poco después de entrevistarse con el ministro del Interior, José Barrionuevo, y de proponerle el establecimiento de un mecanismo rápido "para investigar los casos de torturas de los que tengamos noticia directa o a través de la Prensa". Ruiz-Giménez informó que estudia la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la futura ley de Objeción de Conciencia y, en cuanto a la ley Antiterrorista, señaló: "Nadie nos lo ha pedido".

Ante los datos sobre torturas recientemente publicados y, en concreto, respecto al informe de Amnistía Internacional (Al) relativo a 1983 (veáse EL PAÍS de ayer), Ruiz-Giménez manifestó que se encuentra a la espera de recibirlo y que, en cualquier caso, dijo, "estamos dispuestos a actuar, ante cualquier denuncia concreta sobre torturas o simples malos tratos, cerca del Ministerio del Interior y el fiscal general del Estado".Hasta el momento, sólo han llegado al Defensor del Pueblo unas 20 denuncias de este tipo. Ruiz-Giménez señaló la necesidad de imponer las sanciones que correspondan a los responsables de estas prácticas, "del mismo modo que si en la investigación realizada", dijo, "se descubre la existencia de una denuncia falsa, habrá que velar por el derecho al honor del funcionario falsamente acusado". En opinión de Ruiz-Giménez, "en los casos de torturas hay que llegar hasta el final".

Entre los mecanismos estudiados ayer en la reunión con el ministro del Interior, figura la posible presencia directa del Defensor del Pueblo en los centros de detención, teniendo en cuenta que esta institución es la encargada constitucionalmente de defender los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Carta Magna, entre los que se encuentra el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Ruiz-Giménez comentó sonriendo que, de proliferar estas denuncias, "ahora sí que necesitaría un helicóptero".

Preguntado sobre la posibilidad de que el Defensor del Pueblo plantee un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada ley Antiterrorrista, en caso de que el Parlamento deje subsistentes los aspectos del texto actual que favorecen la práctica de la tortura, según han señalado algunos sectores jurídicos, Ruiz-Giménez contestó que, a diferencia de lo ocurrido con otras leyes, "contra ésta, que hace más severas las medidas por delitos cometidos por bandas armadas, no se nos ha pedido nada".

El Defensor del Pueblo estimé, que, en principio, dicha ley, en cuanto se ajuste a un desarrollo correcto del artículo 55.2 de la Constitución, no es inconstitucional. "El problema está", dijo, .en el uso que se haga de esa ley". Añadió que, en todo caso, la ley todavía no ha sido promulgada, e insistió en que nadie ha solicitado el recurso. Sobre este último punto, la Asociación Pro Derechos Humanos tiene previsto pedir formalmente al Defensor del Pueblo la presentación de dicho recurso ante el Tribunal Constitucional.

Ruiz-Giménez informó que, en cambio, en cuanto a la ley de Objeción de Conciencia, sí ha sido solicitado formalmente el recurso, que se encuentra en estudio por el Defensor del Pueblo. El primer solicitante fue el Movimiento de Objetores de Conciencia de Cataluña, apoyado por la Comisión de Justicia y Paz, Asociación pro Naciones Unidas de Barcelona y otras organizaciones de ese tipo. "Por el momento, sólo le puedo decir que lo estamos estudiando", señaló Ruiz-Giménez. También explicó que los principales argumentos aducidos son las facultades atribuidas al Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que afectan a la conciencia del objetor, la duración de la objeción de conciencia y cierta jerarquización militar en la prestación social sustitutoria.

La APDH se sumó ayer a los peticionarios del recurso, mediante un escrito al Defensor del Pueblo en el que a los argumentos anteriores añade el trato discriminatorio de los objetores respecto a las personas que realizan el servicio militar, así como "la profunda desconfianza hacia el objetor de conciencia" que subyace en el proyecto de ley y la sobrevaloración que hace del servicio de armas frente al servicio social.

Ruiz-Jiménez expresó su preocupación por el cumplimiento de los derechos y libertades, especialmente en las cárceles. En concreto, mostró su inquietud por el carácter rudimentario de las instalaciones destinadas al vis a vis, "no propias de la dignidad del contacto humano del hombre y la mujer en una prisión, y hay algunas cárceles que ni siquiera tienen esa! instalaciones".

Reinserción social

Partiendo de ese problema, Ruiz-Giménez expresó la conveniencia de desarrollar adecuadamente la ley orgánica General Penitenciaria. En concreto, se refirió a los necesarios estudios y trabajo durante el tiempo de permanencia en la cárcel y a la reinserción social de los presos, una vez fuera de la prisión.Frente a las críticas realizadas desde algunos sectores, Ruiz-Giménez aseguró: "Es inexacto que el Defensor del Pueblo preconice en exclusiva la prestación de desempleo para los presos de ETA liberados en virtud del indulto. Lo que esta institución ha pedido es que se desarrolle lo que establece la ley General Penitenciaria, que prevé dicha prestación de desempleo para los excarcelados, lo cual no excluye su aplicación al resto de los ciudadanos en paro". "Por el contrario", añadió, "el Defensor del Pueblo ha pedido siempre prioridad para el problema del paro, aunque lo tengamos que pagar todos los demás españoles".