Tous, un enigma pendiente de descifrar

A los dos años de las inundaciones que destrozaron diversas comarcas valencianas, especialmente la Ribera Alta, cuya capital es Alcira, está a punto de cumplirse el período de carencia de los créditos oficiales concedidos a los damnificados, pero todavía no hay sentencia judicial. El sumario abierto sobre la influencia que pudo tener la rotura de la presa de Tous en los daños provocados por la inundación está concluido, tras haberse reabierto una vez a instancias del fiscal, y pendiente de que se fije la fecha para la vista oral. Consta de unos 10.000 folios.Las asociaciones de afectados entienden que hubo importantes responsabilidades en la catástrofe y que habrán de ser indemnizados. Por eso piden la congelación de los créditos, cuya devolución afecta de forma importante a una comarca económicamente dañada por las consecuencias de las inundaciones.

El 20 de octubre de 1982 reventaba la presa de Tous, sobre el Júcar, por el empuje del agua acumulada, procedente de fuertes lluvias torrenciales. Cuando se intentó abrir las compuertas para desaguar, antes de que se rompiese el muro, ya no había fluido eléctrico, debido a las inundaciones. El sistema manual no funcionó y no se utilizó la dinamita, tercera posibilidad prevista para estos casos.

La presa reventó, y para algunas poblaciones, como Alcira y Carcagente, la orden de evacuación partió del Gobierno Civil cuando una parte de estas ciudades estaba ya inundada. Actualmente se encuentran procesados y en libertad bajo fianza los ingenieros del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo Salvador Madrigal y Jesús González Marín; el primero, como responsable del diseño final de la presa, y el segundo, como encargado del mantenimiento.

Estimaciones diferentes

Los afectados, a instancias de los cuales se inició el procedimiento judicial, estiman la responsabilidad civil por los daños causados en 125.000 millones de pesetas; el juez Gustavo Solaz, que instruyó el sumario, la fijó en 200.000 millones, y el Gobierno habla de 70.000 millones como cifra correspondiente a la totalidad de los daños. Los tribunales dirán la última palabra."Tenernos las pruebas de que fue una pantanada", decía el sábado, ante los manifestantes, el presidente de la asociación Afectados por las Inundaciones de Valencia (Afiva), Xavier Sierra. "Y sabemos que fue así porque en todas las riadas anteriores el agua se extendió de forma distinta y entró poco a poco, no en tromba, como en 1982. Sólo pedimos justicia, y nos consta que tenemos la razón. Nosotros no queremos influir a los jueces, pero sabemos que algunos sí han intentado manipularlos", manifestó.

Los damnificados han redactado una carta que enviarán al Rey. "Nos dirigimos a Vuestra Majestad", dicen en ella, "con la petición de que resplandezca la justicia, de la cual Vuestra Majestad es el más fiel exponente".

Aluden también a la discriminación que supone el que mientras los afectados por las inundaciones de 1983 en el País Vasco se han podido beneficiar de exenciones en el impuesto de lujo de vehículos, repuestos y en los aranceles de maquinaria extranjera, estas medidas no se aplicaron a los damnificados valencianos de, 1982. "El montante de dicha discriminación estimado por nosotros", señalan en la carta "es de 1.500 millones de pesetas".

Este renacer de las reivindica ciones de afectados por las inundaciones en la Ribera ha coincidido con las informaciones dadas por el delegado general del Gobierno en la comunidad autónoma y gobernador civil de Valencia, Eugenio Burriel, sobre los trabajos llevados a cabo por la Administración central en relación con la catástrofe.

Burriel ha dicho que es imposible la no devolución de los créditos, porque ello supondría un tratamiento distinto del de otros ciudadanos en las mismas circunstancias respecto de¡ Instituto de Crédito Oficial. También ha puntualizado que se trata de algo independiente de lo que en su día determine la justicia sobre posibles responsabilidades de la catástrofe.