El debate sobre 'el estado de la nación'

EL PRÓXIMO martes se inicia el debate parlamentario sobre política general, que el Gobierno y la Presidencia del Congreso han resuelto instaurar como costumbre a comienzos del otoño. La comunicación del Ejecutivo a la Cámara baja manifiesta el propósito de "renovar la útil experiencia del pasado año" y de "ofrecer un análisis global y reactualizado de la situación de la nación para que sirva de marco de referencia a las tareas parlamentarias en curso o venideras". La circunstancia de que el pleno coincida con el ecuador de la legislatura dará oportunidad a Felipe González para esbozar un balance de los dos primeros años de mandato socialista.No es seguro, sin embargo, que el maratoniano debate de septiembre de 1983 arrojase tan excelentes resultados como el Gobierno supone. Las expectativas despertadas por sesiones de este género pueden causar frustraciones inútiles si su desarrollo -como sucedió el pasado año- peca de tedioso y reiterativo y si las intervenciones del presidente del Gobierno no sirven para anunciar decisiones políticas o para despejar dudas. La intención del Ejecutivo de centrar los análisis exclusivamente sobre cuatro áreas determinadas, reduce, por anticipado, el ámbito teórico del debate sobre política general. Sería más funcional para los trabajos parlamentarios, y más iluminador para los ciudadanos, dedicar plenos singulares a cada una de esas áreas. Eso haría superflua la celebración de esta cita otoñal, donde la sobreabundancia de temas y el hambre de comparecencias públicas en televisión de los líderes pueden producir en la opinión pública efectos parecidos al de una indigestión.

El informe del presidente anunciado en la comunicación enviada por el Ejecutivo al Congreso presenta la misma estructura que el debate del año pasado. Las cuatro grandes secciones elegidas son la situación económico-social; la protección de las libertades y el mantenimiento de la seguridad ciudadana; el desarrollo del praceso autonómico y la reforma de las Administraciones públicas, y las relaciones exteriores, con especial referencia a la entrada en la CEE y a la situación de España en la Alianza Atlántica.

Aunque sería absurdo hacer predicciones sobre lo que se piensa decir el martes que viene, hay razones para temer que el desplazamiento del peso del debate hacia los cuadros macroeconómicos y las magnitudes estadísticas convierta a las sesiones televisadas en mecanismos de disuasión dirigidos contra la opinión pública. La tendencia de los políticos a utilizar la jerga de los economistas divierte a los profesionales de la materia, propensos a destacar las meteduras de pata de los aficionados, pero aburre soberanamente a buena parte de los electores, preocupados netamente por la creación de empleo y el aumento constante de la presión impositiva desde el Estado y desde las Administraciones autonómicas y locales.

En el apartado dedicado a las libertades y la seguridad ciudadana esperamos que el presidente del Gobierno aproveche la ocasión para dar explicaciones convincentes respecto a las contradicciones en que incurrió el director general de la Guardia Civil con su ministro a la hora de enjuiciar las negociaciones con ETA. Tampoco estaría mal de paso que explicara cuál es el sentimiento del Gobierno desde que el departamento de Interior se dedica a condecorar a guardias civiles bajo seria sospecha de practicar la tortura con los detenidos, para no hablar de lo interesante que serían unas palabras sobre la actividades del CESID y los servicios de inteligencia español en un momento en el que parece que hasta el presidente de las Cortes ha estado sometido a las actividades del contraespionaje. Conviene saber si el respeto a la intimidad y a la propia imagen que la Constitución garantiza, y que tanto se echa en cara a los periodistas, no afecta a nuestro casero servicio de contraespionaje, dedicado a intervenir teléfonos, perseguir personas, realizar fotografías y elaborar informes sobre ciudadanos honorables. Las actividades ilegales del aparato estatal de seguridad, algún nivel de información sobre las operaciones del GAL y temas semejantes deberían ocupar mayor atención del presidente que los esfuerzos por contestar a la oposición en las cuestiones -por importantes que sean- sobre delincuencia urbana y juvenil.

En el mismo terreno de las libertades, el Gobierno insiste en seguir presentando el proyecto de ley antiterrorista, aprobado ya por el Congreso con los votos entusiastas de la oposición conservadora, como un desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución. Ese artículo no contiene mandato constitucional alguno, sino solamente una autorización excepcional para suspender, con intervención judicial y control parlamentario, el plazo máximo de detención preventiva, la inviolabilidad domiciliaria y el secreto de las comunicaciones. Lamentablemente, esa norma, que recuerda ominosamente a los bodrios represivos de la dictadura, afecta también a otros derechos y libertades garantizados por la Constitución y es un auténtico monumento a la chapuza técnica y a la inseguridad jurídica. Las repetidas denuncias sobre la persistencia de torturas en el País Vasco no son simples maniobras de los compañeros de viaje de ETA ni tampoco delirios paranoicos de abogados y jueces demasiado sensibles.

El debate sobre la construcción del Estado de las autonomías será hurtado una vez más al Senado, que sólo podría aspirar a justificar su definición constitucional como "Cámara de representación territorial" si se convirtiese en ámbito privilegiado para esas discusiones. La presencia en el Congreso de los pesos pesados de las minorías catalana y vasca y del líder de Alianza Popular explica parcialinente esa anomalía funcional. En cualquier caso, el optimismo del Gobierno -que considera "cercano a su culminación" el proceso de las transferencias, realizado "con una escasa conflictividad, limitada, en general, a aspectos técnicos"- no parece coincidir con la realidad de los hechos, tanto por lo que se refiere a los problemas del poder ejecutivo con el País Vasco y Cataluña como en lo que respecta a los descontentos producidos en las comunidades autónomas de mayona socialista. Hay que tener, en verdad, una moral a prueba de bomba para afirmar que "el Estado de las autonomías empieza a funcionar con un grado razonable de normalidad". Tampoco resulta fácil aceptar que el Gobierno haya dado "pasos muy significativos e importantes" en su programa de "dotar a los españoles de una Administración más transparente y eficaz". Las tardías y parciales medidas de reforma de la función pública han irritado a la burocracia estatal y no han establecido, sin embargo, las bases de una Administración moderna y eficiente.

Finalmente, queda por saber en el debate sobre política exterior si el presidente del Gobierno abandonará su táctica de ambigüedad controlada y se pronuncia clara y terminantemente sobre la Alianza Atlántica. La fecha del referéndum, el contenido de la pregunta sometida a consulta popular y la recomendación de voto del Gobierno son las tres incógnitas que los españoles desean ver resueltas. Dado que los trámites para nuestro ingreso en el Mercado Común siguen su curso y no llegarán a su conclusión antes de diciembre, las controversias parlamentarias sobre estos temas sólo contribuirían probablemente, hoy por hoy, a debilitar nuestra posición negociadora. Fuera de estas dos grandes cuestiones y de las implicaciones para nuestra seguridad del tratado entre Libia y Marruecos, el debate en torno a la triunfalista valoración por el Gobierno -"España ha ganado presencia en el mundo"- de nuestra política internacional puede convertirse en una amable manera de perder el tiempo. Salvo que -¿llegaremos a ver estas cosas en nuestro Parlamento?- el debate sobre política exterior aborde el conjunto de las cuestiones relacionadas con la política de defensa, incluida la reforma militar y la compra y venta de armamento. En este punto, sería preciso establecer la lista -nada breve- de los temas, problemas y preocupaciones que el Gobierno ha decidido, con dudoso criterio, dejar fuera del ámbito del anunciado debate sobre política general.