Tensión política en el PNV ante nuevos rumores de dimisión de Garaikoetxea

Los sucesivos retrasos del inicio de la reunión del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) dispararon ayer toda clase de rumores contradictorios en el País Vasco. Desde las dimisiones del lendakari Carlos Garaikoetxea, así como la del vicepresidente Mario Fernández, que fueron desmentidas oficialmente, hasta la posibilidad de llegar a una solución de compromiso se barajaron durante toda la jornada.Los representantes del Gobierno y los tres presidentes de las diputaciones provinciales se reunieron a últimas horas de la tarde de ayer en Vitoria. A pesar de los mensajes conciliadores, todo parecía indicar que había sido prácticamente imposible llegar a un acuerdo real sobre la aplicación de la Ley de Territorios Históricos. Mientras tanto, el PNV, cuyo órgano ejecutivo celebró ayer una reunión en Bilbao, prepara la asamblea del próximo sábado.

Desde que finalizó el plazo previsto por la ley el pasado día 15, el ambiente político nacionalista se ha llenado de rumores contradictorios que tan solo conseguían provocar ayer confusión entre los círculos más próximos a la dirección del Gobierno vasco y las diputaciones provinciales. El retraso de los miembros del CVF para emitir su informe al Parlamento era otro factor desestabilizador que alimentaba la consecuente incertidumbre entre las fuerzas políticas vascas que componen el Parlamento autónomo.

A la confirmación oficial del pasado día 15, por parte del vicepresidente del Gobierno vasco, Mario Fernández y de los presidentes de las diputaciones provinciales, del fracaso de las negociaciones en el Consejo Vasco de Finanzas, le sucedió una jornada de trabajo en ambas instituciones sin que estuviera previsto un nuevo contacto. En realidad ese encuentro se debía realizar para redactar los textos en que queden fijados los desacuerdos.

Sin embargo, en la noche del pasado martes se produjo una sesión secreta en la que, al parecer, volvieron a existir otros intentos de aproximación. El principal escollo, hasta entonces, era la diferencia en las estimaciones que el Gobierno vasco y las diputaciones provinciales hacían de la recaudación tributaría.

Aunque se había agotado el plazo legal, la Diputación Provincial de Vizcaya presentó un último documento, según fuentes de toda solvencia, en el que accedía a dar por buena la previsión recaudatoria establecida por el Gobierno vasco (260.000 millones de pesetas entre las tres diputaciones). Esta última oferta se realizaba con la condición de que si tal previsión recaudatoria no se cumplía, el riesgo fuera compartido entre el Gobierno vasco y las diputaciones, lo que implicaría un control mutuo de las respectivas haciendas. La propuesta, en ese encuentro nocturno, no prosperó.

Durante todo el día de ayer circularon rumores contradictorios sobre el final de la negociación en el seno del Consejo Vasco de Finanzas. Mientras fuentes de las diputaciones de Guipúzcoa y Álava apostaban por la posibilidad de hallar una solución de compromiso, el Gobierno vasco, así como la Diputación de Vizcaya -principales contendientes en esta batalla- mantenían una actitud pesimista.