Aplazado en Granada el juicio contra 19 acusados por el asesinato de Maurice Bishop

Casi un año después de aquel miércoles sangriento que costó la vida al primer ministro de Granada Maurice Bishop y a un número todavía sin determinar de sus seguidores, los presuntos responsables de la matanza han comparecido ante un tribunal de justicia.

Ayer, y en medio de fuertes medidas de seguridad, 19 hombres y una mujer hicieron frente a los cargos de conspiración para el asesinato, que pueden llevarles a la horca. El Juicio quedó suspendido poco después, hasta el 1 de noviembre, para dar tiempo a estudiar las acusaciones de inconstitucionalidad planteadas por la defensa. La ciudad amaneció en calma. Los 450 policías de otras islas del Caribe y los 400 norteamericanos que todavía quedan en Granada para "asegurar el orden" temían incidentes, como los que se produjeron el pasado mes de febrero, cuando los acusados, entre ellos el ex viceprimer ministro Bernard Coard, su esposa y el general Hudson Austin, ex comandante en jefe del Ejército Revolucionario Popular, salieron por primera vez de la prisión de Richmond Hill para acudir a la corte y asistir a una audiencia preliminar. Entonces, varios cientos de granadinos se congregaron en los alrededores gritando "asesinos".Los acusados hicieron su aparición poco después de las nueve de la mañana. A medida que entraban en el estrado de madera y formica especialmente construido para ellos, los policías les quitaban las esposas. Todos ellos tenían buen aspecto, salvo la esposa de Coard, Phyllis, que estaba muy pálida y andaba con dificultad. Al parecer, mantiene desde hace días una huelga de hambre que ha debilitado sus fuerzas. Marido y mujer, que no han podido verse desde hace casi un año, se fundieron en un apretado abrazo. Uno tras otro, todos los acusados rechazaron la autoridad del tribunal. Coard intentó hacer un pequeño discurso, cortado con firmeza por el magistrado, Archibald Netts. Los abogados, todos ellos juristas de otras islas de las Antillas, suscitaron cuestiones previas, y el juez accedió a suspender la vista. En ese momento, Phyllis Coard se desmayó.

El juicio puede terminar convirtiéndose en una catarsis para los granadinos, todavía conmocionados por la matanza del 19 de octubre de 1983 y por la invasión norteamericana. Los detenidos, que fueron interrogados en los primeros días tras la invasión por los servicios de inteligencia norteamericanos, han permanecido desde entonces en la prisión de Richmond Hill. El gobernador de la isla, sir Paul Scoon, y el Consejo Asesor (auténtico Gobierno ejecutivo) tropezaron con dos problemas. Primero, cómo formar un tribunal legal, y segundo, cómo averiguar qué pasó exactamente aquel dramático día. Granada no cuenta con policía ni con ejército propio, así que, ¿quién iba a investigar lo ocurrido? Finalmente, el Gobierno local consiguió la ayuda de la policía de Barbados, pero enseguida llovieron las denuncias por malos tratos, que pusieron nerviosos a los norteamericanos. Al fin, sir Paul Scoon convenció a Scotland Yard para que enviara a dos inspectores. El inspector jefe David Price y el detective Robinson estuvieron más de un mes en Granada, intentando recoger testimonios y pruebas contra los acusados.

Coard y Austin se han quejado de falta de garantías procesales. Un abogado británico, lord Griffon, laborista, que intentó hacerse cargo de la defensa, fue rechazado. La tradición quiere que sólo puedan actuar en los tribunales granadinos abogados de otras islas del Caribe, las llamadas Indias Occidentales. Finalmente, el equipo de defensa se formó con siete abogados, en su mayoría jamaicanos. Entre ellos se encuentra la conocida Jaequeline Samuels-Brown, una abogada famosa por su trabajo en pro de los derechos humanos en el Caribe. Samuels se ha quejado repetidamente de no poder ver a sus clientes con la debida frecuencia. Cuando todo parecía arreglado y el juicio estaba ya convocado para el 16 de octubre, surgió un últmo problema: ¿quién pagaba a los defensores? Las familias no han podido reunir el dinero necesario, y los abogados exigieron el pago por adelantado, seguramente en una maniobra para retrasar el juicio. La ironía es que Estados Unidos se puede encontrar pagando las minutas de los defensores de unos hombres que mataron a su peor enemigo, Bishop, y a quienes ellos mismos han llevado ante los tribunales.

El juicio se prolongará durante meses. La fortuna ha querido que se iniciara justo nueve días antes del primer aniversariao de la invasión de la isla. Nadie confía mucho en saber qué pasó exactamente el 19 de octubre del año pasado, dónde están los cuerpos de Bishop, de su compañera, Jacqueline Creft, ministro de Educación, o del ministro de Asuntos Exteriores, o quién apretó el gatillo. Pero quiza el interrogatorio de los procesados sirva para arrojar algo de luz sobre la sórdida historia de las luchas internas que permitieron la invasión de Granada.