Duarte ofrece a la guerrilla la integración en la vida política y un diálogo permanente a cambio del respeto a la democracia

Gobierno y guerrilla salvadoreños iniciaron ayer, tras más de cuatro años de intercambiar disparos, la vía inexplorada del diálogo. A las diez de la mañana (cinco de la tarde, hora peninsular) se reunieron unos y otros en la iglesia de La Palma, en medio de una gran expectación popular. El presidente José Napoleón Duarte propuso a los insurgentes crear una comisión paritaria para establecer un diálogo permanente en torno a la paz y ofreció a quienes decidan participar en el proceso democrático un amplio abanico de medidas, que van desde la amnistía general a la reincorporación a la vida civil, pasando por la legalización de todos los grupos que respeten el ordenamiento constitucional.

"Lo que voy a decir a los insurgentes es que ha cambiado la realidad política de El Salvador, que ya no es la misma de los años 1978-1979, cuando ellos se fueron a combatir a las montañas. Mi propuesta específica es que se incorporen a la revolución democrática", declaró Duarte antes de pasar a la iglesia, consagrada al Dulce Nombre de María.Casi textualmente repetiría luego estas palabras en su discurso ante los insurgentes, a quienes pidió que sustituyan el odio por la comprensión y la tolerancia. Duarte hizo hincapié en que la paz es el resultado de un estado de conciencia individual y social que rechaza la agresión y promueve el diálogo y la contienda política democrática expresada en las urnas.

"Dentro del marco de la Constitución de la República, interpretando fielmente la voluntad del pueblo, con absoluta buena fe y con la voluntad política de encontrar soluciones más humanas, propongo la pacificación del país garantizando para tal fin el espacio político para que los alzados en armas puedan incorporarse a la vida y el trabajo dentro de la sociedad y participar en el proceso político democrático", dijo el presidente a los representantes de la guerrilla.

Para establecer este camino de paz, Duarte propuso el nombramiento de una comisión paritaria, integrada por seis representantes gubernamentales y otros tantos de los alzados en armas y moderada por un miembro de la Conferencia Episcopal, que celebrará reuniones periódicas en fechas y lugares convenidos de común acuerdo entre sus miembros y el moderador. Entre las funciones de esta comisión estarán las de estudiar y discutir todos los asuntos que permitan llevar a cabo lo que el presidente denomina "oferta de paz". Todos los participantes en esa mesa se han de comprometer a mantener una absoluta reserva sobre las discusiones. Los acuerdos serán sometidos finalmente al presidente de la república en forma de recomendaciones.

El presidente Duarte reiteró ante los representantes de la guerrilla que es indispensable poner fin a la violencia como método para obtener el poder y defendió el proceso democrático salvadoreño, expresado en la Constitución a través de un sistema pluralista basado en el respeto a las diferentes concepciones ideológicas, en el ejercicio de los derechos políticos y en el reconocimiento de las libertades individuales.

A partir de que los alzados en armas acepten incorporarse al proceso democrático, el presidente ofreció una amnistía general inmediata e irrestricta para todos aquellos que hayan participado en delitos vinculados a la situación de violencia política; adoptar las medidas necesarias para que el Ejército garantice la libre circulación de los guerrilleros que decidan reincorporarse a la vida civil; asegurar la participación política de todos los grupos que respeten el ordenamiento constitucional vigente; facilitar documentos a todos aquellos que decidan salir del país, realizando incluso los trámites necesarios para que sean acogidos por otros Gobiernos; asegurar el regreso a sus lugares de residencia a todos aquellos que han sido desplazados por la violencia; proponer a la Asamblea Legislativa las disposiciones legales que permitan la inscripción de sus partidos políticos y sus candidatos electorales; garantizar la libertad de expresión, y establecer programas especiales de rehabilitación para atender a los lisiados de la guerra.

Las delegaciones

El presidente José Napoleón Duarte, que viajó a La Palma -localidad situada a unos 80 kilómetros de San Salvador y a cinco de la frontera con Honduras, en el departamento de Chalatenango- junto con todo el Gobierno, se hizo acompañar al interior de la iglesia por el ministro de Defensa, general Eugenio Vides Casanova; por el titular de la Presidencia, Julio Adolfo Rey Prendes; por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Francisco Guerrero; por el designado por la asamblea, René Fortín Magaña, y por el empresario Abraham Rodríguez.La delegación insurgente la integraban el comandante Fernán Cienfuegos, Nidia Díaz, Facundo Guardado y el comandante Lucio. Todos ellos vestían uniforme de campaña. El Frente Democrático Revolucionario (FDR) estuvo representado por Guillermo Ungo y Rubén Zamora. La curiosidad popular por verlos de cerca se vio parcialmente frustrada, ya que penetraron en el templo por una zona lateral que estaba cerrada al público. Sólo desde la puerta principal varios de ellos se volvieron hacia la multitud haciendo la señal de la victoria.

El gran ausente fue el comandante Joaquín Villalobos, que no pudo llegar hasta esta población noroccidental de El Salvador. El máximo jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) se quedó en el departamento de Morazán, a unos 300 kilómetros de La Palma. El presidente Duarte admitió ayer que la Cruz Roja Internacional se había puesto en contacto con él la tarde anterior para tratar de facilitarle un helicóptero civil. "Nada pudimos hacer, porque sólo teníamos disponibles helicópteros militares", señaló.

Como testigos de calidad, la Iglesia nombró al arzobispo Arturo Ribera y Damas y a los obispos Rodrigo Orlando Cabrera y Gregorio Rosa Chaves. En nombre de la Santa Sede asistió también el nuncio Giacomo Otonello.

La histórica entrevista se desarrolló en torno a una mesa rectangular de madera instalada ante el altar de la iglesia. Las iniciales 11 sillas tuvieron que ampliarse a 16.

El aparato de seguridad en el pueblo desmilitarizado corrió a cargo de los boy scouts, mientras la Cruz Roja se encargó de garantizar la llegada de los representantes guerrilleros. Todo el trayecto de San Salvador a La Palma aparecía invadido de banderas blancas con una sola palabra: paz.