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Aplazada la reunión del Consejo Vasco de Finanzas sobre la ley de Territorios Históricos

La suspensión de la reunión que debía haber celebrado ayer el Consejo Vasco de Finanzas se debió, según la versión oficial, a la necesidad de estudiar los documentos elaborados por el Gobierno vasco y las diputaciones provinciales sobre la conflictiva aplicación de la ley de Territorios Históricos. Fuentes próximas a la dirección del PNV reconocieron, sin embargo, que los resultados de las asambleas regionales de Vizcaya y Guipúzcoa, que se celebraron a últimas horas de la tarde de ayer, iban a incidir en el ánimo de los miembros del Consejo Vasco de Finanzas, que habían preferido "ganar tiempo" a la espera de la reacción de las bases del PNV. El Gobierno vasco y las diputaciones provinciales celebrarán varios encuentros durante este fin de semana, y la última reunión está anunciada para el mismo día 15 de octubre, en que expira el plazo marcado por la ley para que el Gobierno vasco presente el correspondiente informe al Parlamento. Mientras el pacto de silencio impuesto por el PNV se cumple a rajatabla por los miembros del Consejo Vasco de Finanzas, los observadores más próximos señalan que el Gobierno vasco y las diputaciones están agotando el plazo marcado por la ley para dedicarse, entre otras cosas, a elaborar los textos sobre las discrepancias que deberán presentar ante el Parlamento, ya que la posibilidad de llegar a un acuerdo real se considera prácticamente imposible.

Los afiliados de Vizcaya y Guipúzcoa, mientras tanto, coincidían ayer en la celebración de sus respectivas asambleas regionales. En Vizcaya, que no ha mantenido una actividad asamblearia muy intensa en las últimas semanas, se daba ayer por hecho el pronunciamiento de la mayoría favorable a las tesis foralistas de las diputaciones. En Guipúzcoa se había registrado en las reuniones previas a la asamblea que celebraron ayer una decantación favorable a las tesis del Gobierno vasco.

El resquemor de una buena parte de la militancia guipuzcoana obligó, sin embargo, a pedir a sus apoderados que se limitaran a cumplir su estricta misión en la asamblea del próximo día 20. Dado el carácter informativo de la convocatoria de la mencionada asamblea, los afiliados guipuzcoanos precisaban a sus representantes que se limitasen a "ser informados" por la ejecutiva.

En Alava, por su parte, cinco juntas municipales que representan a más del 80% de la afiliación se han pronunciado a favor de la interpretación efectuada por el Gobierno vasco. Sin embargo, los estatutos, que prevén que cada junta municipal, independientemente del número de afiliados que representen, cuente con un voto, facilitarán que la organización del PNV en Álava se decante a favor de las tesis de las diputaciones, ya que el PNV de Álava cuenta con 28 juntas, de las cuales cinco son las que se han pronunciado a favor de Carlos Garaikoetxea.

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