La ley de Régimen Local permitirá que Cataluña se estructure en comarcas

El Parlamento catalán podrá dictar una ley de que permita organizar a Cataluña en comarcas, tras el acuerdo global al que llegaron ayer en el Congreso el Gobierno y la Minoría Catalana, sobre la ley de Bases de Régimen Local. El conseller de Gobernación, Maçiá Alavedra, estimó satisfactorio el acuerdo sobre los puntos claves de la ley. Tomás de la Quadra, ministro de Administración Territorial, manifestó su esperanza de que una vez logrado el consenso con la Minoría Catalana otros grupos políticos de la Cámara, como PNV, centristas y comunistas, acepten el proyecto. Durante dos horas estuvieron reunidos ayer el ministro De la Quadra y el secretario del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Martín Toval, con Maçiá Alavedra y el portavoz de la Minoría Catalana, Miquel Roca.

Tomás de la Quadra manifestó que "la reunión ha sido muy positiva, porque hemos logrado un acuerdo global sobre la ley en un tema tan importante como es la estructura del régimen local".

Al preguntársele por la posición de los otros grupos parlamentarios, el ministro afirmó que "Coalición Popular ha manifestado una voluntad de distanciamiento del texto de la ley con respecto a la política del Gobierno. A mi entender no entrará con seriedad en algunos temas para buscar soluciones positivas. Sí creo que está abierta la posibilidad de solución con el PNV, centristas, CDS y comunistas. Hay conversaciones ya respecto a las cuestiones que hemos negociado con Minoría Catalana".

Maciá Alavedra indicó que "hay un principio de acuerdo global que nos satisface plenamente".

Respecto a la comarcalización, el conseller manifestó: "Creemos que el Parlament de Cataluña podrá establecer las comarcas como dice el Estatuto. Había en la ley de bases ciertas contradicciones que han sido salvadas, no como eran exactamente nuestras posiciones, pero podemos aceptar las transacciones, que, para nosotros, salvan una serie de cuestiones importantes, como la de las diputaciones".

La Generalitat de Cataluña había intentado ya en 1980 modificar la actual estructura de organización territorial en la comunidad, mediante una ley que transfería al Gobierno autónomo las competencias atribuidas a las diputaciones provinciales. La ley catalana fue recurrida por el Gobierno de UCI), y el Tribunal Constitucional le dio la razón resaltando la necesaria existencia de la provincia y su institución representativa, la diputación. Por otra parte, la Constitución señala que toda modificación de los territorios de las actuales provincias ha de realizarse mediante una ley orgánica aprobada en las Cortes. Es previsible que el acuerdo, del que no se facilitaron otros detalles, tenga en cuenta estas circunstancias.