La austeridad en el gasto y la moderación fiscal, bases de la política económica del Gobierno

Una moderación salarial muy notable durante 1984; un aumento "muy importante, muy importante" de los excedentes empresariales; y la tendencia a la baja de los tipos de interés, generarán un cambio en las expectativas, lo que previsiblemente se concretará en un aumento de las inversiones y en un cambio en las cifras de desempleo. Con estas palabras, el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, resumía la coyuntura al presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1985, que ayer entraron en el Congreso de los Diputados. Según Boyer, los rasgos fundamentales del presupuesto son la austeridad en el gasto, la moderación fiscal y el diseño de importantes cambios estructurales".A las nueve de la mañana de ayer, el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, presentaba en el Congreso de los Diputados, con 10 días de retraso según el mandato constitucional, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 1985. En una conferencia de prensa posterior, Boyer afirmaba que este retraso significa "una sanción política contra el Gobierno" que tenía su importancia, aunque matizó que "no se perturbará la función de control del Parlamento; se habilitarán días festivos y no habrá acortamiento de los debates presupuestarios". El ministro reconoció que no sólo el Acuerdo Económico y Social (AES) era el culpable del retraso; también fueron causas las negociaciones con las comunidades autónomas para su financiación (excepto en el caso de Galicia, que no se ha incorporado al proyecto y entrará vía de enmienda) y las negociaciones con los ayuntamientos.

El Gobierno ha entregado a las Cortes generales no sólo el proyecto de presupuestos sino una actualización del programa económico a medio plazo. Tanto el proyecto como el programa "han sido elaborados con el rigor económico necesario para que el sector público contribuya a través de la austeridad del gasto y la moderación fiscal, al ajuste positivo de la economía española. Los objetivos prioritarios siguen siendo la generación de empleo y el fomento de la inversión, sin renunciar por ello a la necesaria reducción del déficit público". El ministro criticó a quienes "demagógicamente dicen que el Estado vive en el lujo mientras la sociedad vive en la crisis, dando un giro a las palabras de Galbralth sobre la miseria pública y la opulencia privada".

Objetivos compatibles

"Una política de fomento de la inversión y el empleo que obligase a renunciar a la reducción del déficit público", dijo Boyer, "tendría a corto plazo efectos negativos sobre la inflación y la tasa de interés, y pondría en peligro la consecución de estos objetivos. Por ello, estos presupuestos se esfuerzan en hacer compatibles estos grandes objetivos de política económica, sin recurrir por ello a un crecimiento de la carga fiscal soportada por los ciudadanos españoles que cumplen ya con sus obligaciones tributarías, e insistiendo en un estricto control del gasto".

Como consecuencia de ello, y siempre según la versión de Boyer, los PGE imponen fuertes medidas de austeridad para el gasto público y plantean objetivos de incrementos recaudatorios obtenidos, casi exclusivamente, a partir de mejoras en la gestión tributaría y del reforzamiento de la lucha contra el fraude. El gasto público total del Estado y sus organismos autónomos crece el 11,1 % con respecto a los presupuestos de este año y solamente el 7,4% si se descuentan "los gastos inevitablemente dedicados a las cargas financieras generadas por los déficit de años anteriores".

La presión fiscal estatal presenta un incremento moderado, que será del 0,8% del producto interior bruto (PIB) "y no se obtendrá mediante una carga adicional sobre los contribuyentes, sino mediante un mejor control fiscal a aquellos sectores que hoy escapan a sus deberes fiscales. El tipo general de cotización a la Seguridad Social disminuye en 0,3 puntos".

Medio punto de menos

El objetivo del déficit público, medido en términos de la Contabilidad Nacional al finales del ejercicio, se sitúa en el 5% del PIB (1,421 billones de pesetas), con una disminución de medio punto con respecto al que se fija como objetivo para 1984. El déficit inicial no financiero del presupuesto se sitúa en el 4,5% del Producto Interior Bruto y el déficit inicial no financiero, excluidas las cargas de interés derivadas del proceso de endeudamiento del año anterior, se sitúa en el 2,1% del PIB, frente al 2,9% en 1984. Boyer dijo que las previsiones del Ejecutivo para los próximos ejercicios son reducir el déficit medio punto anual acumulativo. "Hay que hacer un enorme esfuerzo de reducción del déficit antes de cargas financieras, para asumir posteriormente estas cargas".

Los PGE, documento básico de la política económica de un Gobierno, prevén un incremento sustancial del consumo privado (de una tasa de crecimiento nula en 1984 a un 1,4% en 1985) y de la formación bruta de capital (de un 1,5% a un 5,5%), así como una contención de la expansión del consumo público.