La naturaleza jurídica del pacto y las comisiones de seguimiento
El desarrollo del AES planteará algunas dificultades. Las comisiones u organismos que se creen como consecuencia del mismo tendrán una doble composición. En algunos casos, los que sean exclusivamente consecuencia del acuerdo, y sin carácter institucional, contarán con la participación exclusiva de los firmantes (UGT, CEOE y Gobierno). En cuestiones que sean de interés general o revistan carácter institucional, se dará participación a todas las organizaciones empresariales y sindicales que ostenten el grado de representatividad exigido en el Estatuto de los Trabajadores.
Fuentes de Trabajo reconocieron ayer que CC OO podría participar en algunos de los organismos implicados en el acuerdo, al tratar se de organismos de carácter institucional en los que, por otra parte, ya se encuentra representada. Pero que la intención era limitar al mínimo esta presencia, si CC OO no suscribía el acuerdo que queda así reducido a un acuerdo entre partes sin eficacia general.
Precisamente el ministro de Trabajo ha remitido el texto del acuerdo a Marcelino Camacho proponiéndole, si lo cree conve niente una reunión plenaria para el lunes. La firma oficial del pacto se llevará a cabo, con casi total seguridad, el próximo martes.
Siete años de concertación social
El Acuerdo Económico y Social suscrito entre el Gobierno, UGT y CEOE viene a continuar una práctica de concertación social iniciada en 1977 en España con la instauración de la democracia. A partir de las elecciones de junio de 1977, Gobierno patronal y sindicatos iniciaron una serie ininterrumpida de contactos para analizar los temas económicos, fijar las subidas salariales y establecer un nuevo marco de relaciones sindicales. Los Pactos de la Moncloa, firmados en octubre de aquel año, supusieron un acuerdo conjunto para dar una salida a la crisis económica y social. Al año siguiente, las conversaciones no fructificaron, Y el Gobierno de UCD fijó una banda salarial del 11 %al 14% por decreto-ley.
En julio de 1979 UGT y CEOE firmaron el Acuerdo Básico Interconfederal e inauguraron la práctica de acuerdos restringidos a las partes social y económica, sin participación del Gobierno. Este abandono del intervencionismo de la Administración se vio continuado con el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), con el compromiso de subir los salarios entre el 13% y el 16%. El AMI fue prorrogado para 1981 con una banda del 11%-15%.
El Acuerdo Nacional sobre Empleo (ANE), firmado por el Gobierno, CEOE, UGT y CC OO el 5 de junio de 1981, estableció, además de subidas entre el 9% y el 11 %, medidas de protección y fomento del empleo. Para 1983, primer año de mandato del Gobierno socialista, centrales y patronal suscribieron un acuerdo con el compromiso de incrementar los salarios entre el 9,5% y el 12,5%.
