Los cambios producidos en la Administración, una victoria de las tesis defendidas por Alfonso Guerra

Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno, negó ayer que los ceses y nombramientos acordados ayer por el Consejo de Ministros tengan una justificación global, y alegó que existen motivaciones diferentes para los cambios en el Ministerio de la Presidencia o los ocurridos en Industria. Los ceses del subsecretario de Presidencia, José María Rodríguez Oliver, y de sus más directos colaboradores -entre ellos Eduardo Gorrochategui- se derivan de diferencias sobre la reforma de la Función Pública", según dijeron ayer fuentes gubernamentales. Los cambios, en Industria hay que atribuirlos a "deficiencias de gestión". Importantes fuentes de la Administración consideran las sustituciones, en todo caso, "una victoria, en cierto modo, de las tesis de Guerra".

Tanto Rodríguez Oliver como Eduardo Gorrochategui, secretario general técnico hasta ahora del Ministerio de la Presidencia, pasaban por ser los principales apoyos del ministro del departamento, Javier Moscoso, mientras que el secretario de Estado Francisco Ramos, que continúa en el cargo, es considerado "hombre de Alfonso Guerra". Los destituidos se habían mostrado disconformes con los planes de modificar el sistema de retribución de los funcionarios, alentados por el Ministerio de Hacíenda, y se les acusaba de ser responsables de la filtración de un contrainforme a los medios informativos. Guerra negó ayer que el Gobierno tenga ya decidido el método para el nuevo sistema de retribuciones, y señaló que se ha limitado a regular el sistema global de valoración de la masa salarial.

El vicepresidente dijo también desconocer si se producirán nuevos cambios en el segundo escalón de la Administración. Preguntado sobre el tema, el presidente González dijo sonriente: "Quién sabe".

La sustitución del empresario Enrique Moya por el militante del PSOE Luis Carlos Croissier al frente del Instituto Nacional de Industria (INI), el más importante holding público, supone una etapa distinta en los viejos proyectos socialistas sobre el cambio en la empresa pública y la reconversión industrial. Sin embargo, Guerra negó ayer que signifique un cambio en la orientación económica del Gabinete.

El Gobierno de Felipe González ha planificado un trimestre trascendental para la política económica de la legislatura, basado en los siguientes puntos: fin de las negociaciones con la Comunidad Económica Europea (CEE); firma de un pacto social (el Acuerdo Económico y Social) que despeje las principales incertidumbres empresariales; orientación definitiva a la reconversión industrial, tantas veces anunciada, en los sectores más conflictivos (naval, siderurgia y también fertilizantes), y reconversión también de la empresa pública hacia criterios de competitividad.

Segunda fase

Los cambios anunciados en el INI, previsiblemente los primeros de una cascada que afectará a los presidentes de las empresas públicas en peor situación -aunque varios han sido sustituidos ya a lo largo de los últimos meses, con mayor o menor sigilo-, significan la puesta a punto de las dos últimas cuestiones, diseñadas por el ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga. Todas las fuentes oficiales consultadas consideran un fracaso la labor ejercida por Moya en los casi dos años al frente del INI. Los resultados económicos del INI en 1983 no fueron mejores que los de ejercicios anteriores, y las palabras de Solchaga hace más de un año instando a la dimisión a los presidentes de empresas públicas que no fueran capaces de mejorar la gestión de las sociedades cayeron en el vacío. Por otra parte, la reconversión no ha pasado del período de mentalización. El ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, declaró que-ya se había acabado la etapa de mentalización; "1984 será el año de la reconversión". Según dijeron ayer medios de Industria, las presiones de UGT contra varios altos cargos del INI no han influido en las decisiones de Solchaga.

El equipo que forme Croissier en el INI será el encargado de la segunda fase, es decir, de la puesta en marcha de la reconversión. La condición de militante socialista de Croissier (cuñado de José Borrell, secretario de Estado de Hacienda y verdadero hombre fuerte de Miguel Boyer) es destacada por quienes opinan que la dureza y las tensiones sociales de la. reconversión debe soportarlas el propio PSOE y no empresarios independientes como Enrique Moya. Otras fuentes entienden, sin embargo, que el cambio de Croissier por Moya significa una derrota en las posiciones políticas que mantienen Boyer y Solchaga dentro del Gabinete. Pocas semanas después de que el PSOE entrase en el Gobierno, los primeros nombramientos en el sector público empresarial fueron asignados a hombres del Círculo de Empresarios, club de elite con el que Boyer tenía relaciones antes de ser ministro: Claudio Boada (presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos), Enrique Moya (presidente del INI), José María Amusátegui (presidente de Campsa), Juan Miguel Antoñanzas (mantenido presidente de Seat, puesto del que dimitió en la primavera pasada) y Manuel Azpilicueta (presidente de Butano) son algunos de estos ejemplos. Siendo Claudio Boada presidente del INI con el anterior régimen, Boyer entró a trabajar en el Servicio de Estudios del holding.

La presencia de Croissier como subsecretario en el Ministerio de Industria al lado de Solchaga (principal aliado de Boyer en el Gabinete a la hora de aplicar una política económica de ajuste) fue interpretada como una cuña del sector de Guerra en este departamento. Croissier ha sido especialmente crítico en los pasados meses ante la marcha del INI y sus empresas. En un Consejo de Administración del Instituto, en el que Carlos Espinosa de los Monteros, presidente de Iberia, trataba de justificar los resultados de la compañía aérea, Croissier hizo constar en el acta su preocupación por el hecho de que las pérdidas de Iberia hayan pasado de 8.000 a 30.000 millones de pesetas e hizo una crítica sobre la capacidad de Iberia de echar las culpas a elementos exógenos a la gestión de Espinosa. Este hecho permite suponer que uno de los primeros cambios será el del presidente de la compañía aérea.