Los delitos contra la propiedad aumentaron un 15% en 1983, según la Fiscalía General del Estado

La delincuencia aumentó considerablemente en 1983, mientras que se produjo una "evidente desaceleración" del incremento de sentencias dictadas por los juzgados de instrucción, a pesar de la creación de muchos de ellos a lo largo del año, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado. Dicha Memoria será elevada oficialmente por el titular de esta institución, Luis Antonio Burón, en el acto de apertura solemne de los tribunales, que se celebrará hoy, presidido por el Rey. En números redondos, el mayor volumen de causas en materia penal fueron las 650.000 registradas por delitos contra la propiedad, que significa un incremento de 100.000 sobre las del año anterior, esto es, el 15,38% de aumento respecto a 1982.

El número de procedimientos penales iniciados en 1983 superó el millón (fueron exactamente 1.063.244), de las que un 65% correspondieron a delitos contra la propiedad. Dos terceras partes de las aproximadamente 650.000 causas por estos delitos se refieren a hechos violentos contra el patrimonio, y asimismo se incrementaron también los hurtos, sustracciones de vehículos, defraudaciones, expedición de cheques en descubierto y daños, entre otros.Según la Memoria, estas cifras "parecen justificar ese generalizado ambiente social de inseguridad que se trasluce en comentarios e informaciones".

La Memoria valora también el hecho de la disminución de los sumarios ordinarios (1.418 menos que en 1982, esto es, un 15,6% de reducción) y del aumento de los de urgencia (1.353 más que en 1982, es decir, un 4,6% de incremento) y llega a la conclusión de que "el crecimiento de la delincuencia se produce en el terreno de los delitos menores, mientras disminuyen los graves y crecen sólo vegetativamente los menos graves".

Tras la elevada cifra de 650.000 causas por delitos contra la propiedad, en 1983 se registraron más de 42.000 por hechos contra la vida o la integridad física de las personas (de ellas, unas 1.000 por muerte y el resto por lesiones); unas 25.000 por infracciones relacionadas con el tráfico de automóviles; 21.200 por violación del derecho a la libertad y seguridad; más de 12.500 por delitos contra la seguridad del Estado, sin incluir las 6.955 causas por hechos de este carácter de los que conoció la Audiencia Nacional, por atribuirse a bandas organizadas y armadas; más de 8.500 por delitos relativos al tráfico de drogas, estupefacientes y psicotrópicos, y más de 5.200 por delitos contra la libertad sexual. La mayor parte de estos tipos delictivos se mantuvo en cifras aproximadamente similares a las de 1982.

Pocas sentencias

La Memoria de la Fiscalía analiza la actividad sentenciadora de los órganos judiciales. Respecto a los juzgados de instrucción, llega a la conclusión de que durante 1983 "se produjo una evidente desaceleración de dicho aumento". Si en 1982 el incremento fue de 5.395 sentencias respecto a 1981, lo que supuso un 10,5% de aumento, en 1983 el incremento fue de 339, que significa sólo el 0,6% sobre la cifra de 1982. Para la Fiscalía General del Estado, este resultado es "tanto más pesimista, cuanto que la creación de numerosos juzgados nuevos debiera reflejarse en el aumento total de los procesos resueltos por esa jurisdicción".En las Audiencias se pronunciaron un total de 21.744 sentencias (de ellas 17.621 en sumarios de urgencia y 4.123 en sumarios ordinarios), que significan 656 más que en 1982. La opinión de la Fiscalía es que esta cifra es también "insuficiente en relación a la exigencia de aminorar el atraso acumulado.

La Memoria refleja el total de 1.420.495 dictámenes e intervenciones del ministerio fiscal en 1983. Recoge también la estadística terrorista de 1983, similar a la de 1982. El número de acciones fue de 384, con un total de 44 muertos, 79 heridos y 79 secuestros.

La Memoria recoge también, entre otras, la respuesta de la Fiscalía General del Estado a la consulta que le formularon los fiscales en relación con el alcance de la ley de Asistencia Letrada al detenido y preso en los casos de incomunicación.

La respuesta fue que el detenido o preso incomunicado legalmente "conserva su derecho de asistencia letrada, pero ésta sólo puede ser prestada en los términos de presencia a la declaración, asistencia a reconocimientos y exigencia de que se cumplan y respeten los derechos de su asistido, de forma que no se rompa la incomunicación ni se establezca relación personal y directa entre letrado y asistido".