Los derechos de los usuarios

LA HUELGA de los técnicos de mantenimiento de Iberia, que amenaza con colapsar de nuevo los aeropuertos españoles, y las serias anomalías producidas en el transporte escolar en Madrid, Extremadura, Cantabria y Canarias a resultas del cierre patronal ordenado por dos asociaciones empresariales están exacerbando las molestias que los usuarios de los servicios colectivos de transporte padecen habitualmente en nuestro país. Nuestra Constitución reconoce "el derecho de huelga de los trabajadores" (artículo 28) y también "el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo" (artículo 37). Sin embargo, tales derechos no son ilimitados, y en ambos casos nuestra norma fundamental confía a las leyes reguladoras de su ejercicio el establecimiento de "las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad".La postergación a lo largo de seis años de la norma legislativa destinada a dar cumplimiento a ese mandato ha creado una incómoda tierra de nadie sobre la que opera, de forma discrecional, una Administración dotada de instrumentos preconstitucionales. La consecuencia es que la acción del Ejecutivo oscila entre la arbitrariedad represiva (ejemplificada en la memorable propuesta del ministro de Transportes para que el fiscal general del Estado pidiera el procesamiento por sedición de los huelguistas del Metro madrileño) y el abstencionismo (tal y como ocurrió durante un mes con la huelga de los pilotos de Iberia). Anoche, el Gobierno se decidió por fin a actuar y ordenó a Iberia, a través de la Dirección General de Aviación Civil, que contrate con las compañías Aviaco y Spantax los vuelos que no pueda realizar por el paro.

En la jornada de ayer, la huelga salvaje (tomando la expresión en su sentido estricto y también metafórico) de los técnicos de mantenimiento de Iberia ha colapsa do varios aeropuertos (entre ellos Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela y Asturias), ha obligado a suspender cerca de 200 vuelos y ha retrasado una parte de los restantes servicios. Desde el punto de vista de los usuarios -acostumbrados a ser tratados por Iberia peor que las maletas-, la plataforma reivindicativa de los técnicos de mantenimiento, que justifica su plante con peticiones relacionadas con la reclasificación de categorías laborales y la formación profesional, resulta casi incomprensible y apenas creíble. Porque no parece que esa huelga -cuyas gravísimas repercusiones para el servicio público, para la situación financiera de la compañía y para los puestos de trabajo de los propios promotores del plante ilegal resultan desproporcionadas con los motivos aducidos- pueda ser explicada sin recurrir a otras claves. En cualquier caso, esta nueva paralización de nuestra compañía de bandera y de nuestros principales aeropuertos, producida apenas dos meses después de que un laudo de obligado cumplimiento tuviera que poner fin al plante de los pilotos, muestra que la dirección de Iberia no sólo es incapaz de frenar la sangría de pérdidas de la empresa, sino que además brilla por su incompetencia para prever e impedir conflictos y para buscar soluciones alternativas.

Mientras todo esto ocurría en el aire, en tierra el transporte escolar de cuatro importantes zonas españolas está siendo perturbado seriamente por un lock-out (cierre patronal) que afecta a unos 40.000 niños de preescolar y de Enseñanza General Básica. Los dirigentes de la Asociación General de la Pequeña y Mediana Empresa de Autocares Discrecionales (AGAPYMET) y de la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA) han sido también incapaces de transmitir ante la opinión pública una mínima verosimilitad acerca de lo fundamentado de sus pretensiones. Decir que se acata formalmente las normas de seguridad en los transportes para incumplirlas, a renglón seguido roza casi con el cinismo. Las normas han sido dictadas después de que se ha comprobado que el mal estado de los autobuses es frecuente causa de accidentes con víctimas mortales en este país, y de lo que se trata es de proteger las vidas y la integridad física de los escolares. En algunas comunidades autónomas las autoridades han cedido al chantaje de los transportistas y han lado un nuevo plazo a fin de que realicen unas reformas para cuya materialización habían dispuesto ya de todo un año. Es de temer que ese margen de gracia temporal sea abusivamente utilizado para eternizar una situación irregular que juega con la seguridad de los niños. ¿Será preciso aguardar a que algún autobús escolar tenga un accidente, al estilo de los ocurridos en años anterieres, para que los transportistas cumplan las normas de seguridad? ¿Y no encontrarán en este conflicto los críticos de la asignación por barrios de los centros escolares, criterio que permitiría reducir el número de niños-viajeros, algunas enseñanzas que les ayuden a rectificar sus puntos de vista?

La utilización de procedimientos coactivos de corte mafioso para impedir la circulación de los autobuses escolares que no se habían sumado al lock-out exige, por otra parte, una inmediata reacción de las autoridades a fin de cortar esas prácticas dignas del Chicago de los años veinte. La petición por parte de los empresarios de un plazo para ponerse al día en sus obligaciones después de haber permanecido durante un año de brazos cruzados no puede beneficiarse de presunción alguna de buena fe y obliga al Gobierno a plantearse una alternativa global para la organización del transporte escolar. Por que tampoco el Ejecutivo puede cruzarse de brazos, jugando con la falsa imagen de que se trata de una manifestación de conflictividad social normal, ante el lamentable espectáculo de unos plantes corporativos que conculcan el espíritu del mandato constitucional referido a las "garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad" en caso de huelgas y conflictos colectivos.