El Congreso suprime el recurso previo de inconstitucionalidad

La proposición de ley socialista que pretende suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad, mecanismo jurídico que paraliza automáticamente la aplicación de una ley cuando 50 diputados o senadores lo solicitan, fue aprobada en el debate de totalidad por el Congreso de los Diputados. El Grupo Socialista defendió la tesis de que el Tribunal Constitucional no puede menoscabar el poder legislativo de las cámaras y convertirse en colegislador, y se opuso, por tanto, a la enmienda a la totalidad con texto alternativo del Grupo Popular, que sí encontró el voto favorable de centristas y catalanes.

La proposición de ley orgánica relativa a la derogación del recurso previo de inconstitucionalidad cuya iniciativa ha correspondido al Grupo Socialista y cuya toma en consideración fue aprobada en el pasado mes de mayo, tuvo ayer su debate de totalidad en el Congreso. José María Ruiz Gallardón, en nombre del Grupo Popular, defendió la enmienda a la totalidad con texto alternativo con la que se pretende que sin que el recurso previo sea suprimido, el propio Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la suspensión de un proyecto de ley en el plazo de 10 días. Con ello se evitaría la suspensión automática que se produce ahora, pero se mantendría la posibilidad de que el tribunal pudiera inclinarse por la suspensión cuando estimara que la entrada en vigor de un proyecto recurrido pudiera producir perjuicios irreparables.El Grupo Popular estima que en el caso de que el Tribunal Constitucional firmase la suspensión, el recurso gozaría de tramitación preferente y los plazos quedarían reducidos a la mitad. Para Ruiz Gallardón resulta extravagante que a mitad de legislatura se produzcan alteraciones como ésta. El diputado popular estimó que su propuesta es una fórmula de aproximación a las teorías socialistas, porque ya no bastaría la firma de 50 diputados o senadores, sino la propia decisión del Tribunal Constitucional para decretar la entrada en vigor de una ley. Según Ruiz Gallardón, la proposición socialista es un intento político de negar al Tribunal Constitucional la plenitud de jurisdicción.

De la acusación de uso abusivo del recurso previo se defendió Ruiz Gallardón citando que su grupo lo ha utilizado en cuatro ocasiones sobre 23 leyes orgánicas, y que de las dos sentencias ya emitidas, una le ha sido favorable.

Toda la teoría del portavoz socialista, Sáenz de Cosculluela, estuvo centrada fundamentalmente en desligar al alto tribunal de competencias legislativas que la ley reguladora de su creación no tenía previstas. Cosculluela se mostró en contra de la actual posibilidad del veto de las minorías a una decisión mayoritaria que entiende supone el recurso previo. El portavoz socialista no renunció a la existencia del posterior control constitucional, pero sí insistió con firmeza en que la potestad legislativa debe residir en las cámaras.

Gabriel Cisneros, por los centristas, llamó desdichada ala proposición socialista y vio en ella el deseo de cercenar los derechos de las minorías y "volatilizar una de las más robustas y eficaces garantías que existen ante la prepotencia del partido en el poder". Recordó Cisneros que el propio presidente del Gobierno, Felipe González, solicitó la utilización del recurso previo contra la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).

Josep Maria Trias de Bes, por la Minoría Catalana, se mostró contrario a la supresión del recurso previo a mitad de legislatura. Fernando Pérez Royo, por los comunistas, mostró su apoyo al PSOE por razón de coherencia, ya que entiende que el recurso previo ha desnaturalizado al propio tribunal. Marcos Vizcaya, de la Minoría Vasca, se abstuvo en la votación, pero intentará introducir en ponencia la posibilidad de modificar el artículo 33 de la ley Reguladora del Tribunal Constitucional para que puedan realizarse recursos ordinarios que posibiliten suspender una ley tras su entrada en vigor.