Pujol acusa al Gobierno central de poner en peligro las inversiones de la Generalitat

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, afirmó ayer que que la pretensión del Gobierno de suprimir el denominado efecto financiero en la aplicación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, implicaría que la administración catalana no podría hacer frente a los gastos corrientes derivados de las inversiones realizadas por la propia Generalitat.Por otro lado, el presidente de la Generalitat de Cataluña, manifestó que la pretensión del Gobierno de suprimir el denominado efecto financiero en la aplicación de la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), "podría afectar la viabilidad de las autonomías de una forma más negativa aún que la LOAPA (Ley Orgánica para la Ordenación del Proceso Autonómico)".

Jordi Pujol dijo que las negociaciones para determinar la aportación del Estado a la financiación de las Comunidades Autónomas atraviesa un "difícil momento", y pidió que el Gobierno aplique la LOFCA y mantenga el citado efecto financiero.

En el caso de Cataluña estimó que la aplicación del efecto financiero supone una cifra "entre los diez y los quince mil millones de pesetas".

"En su día, la Generalitat aceptó hacerse cargo de los gastos corrientes de sus inversiones porque podía contar con el dinero que llegaba en concepto de efecto financiero" dijo. Añadió que la pretensión del Gobierno de aportar sólo los fondos correspondientes al coste de los servicios traspasados por la Administración central implica "pretender que estos servicios queden para siempre igual, como una foto fija hecha en el momento en que fueron traspasados".

"Yo no quiero creer que el Gobierno pueda llevar hasta el final esta política", aseguró el presidente de la Generalitat, "porque es tanto como decirnos 'devuélvannos la autonomía, porque ustedes no van a poder hacer nada más'. Realmente, si nos niegan los fondos para pagar a los maestros de las escuelas que hemos construido, sería mejor que las construyera la Administración Central. Y es obvio que eso no puede ser".

Pujol recordó que la LOFCA "es una ley que no nos gustó nunca y que en su día aceptamos porque no había otro remedio. Pero ahora nos encontramos con que el Gobierno no quiere aplicarla. Y si sigue con esta política restrictiva se pondrá en grave riesgo la continuidad de los servicios llevados a cabo a partir de las inversiones efectuadas por la Generalitat en ejercicio de la autonomía".

"Esto supone, por ejemplo", dijo, "que para el ejercicio próximo están amenazadas las actuaciones para los minúsvalidos, en investigación, la informatización de la admnistración de Justicia, la puesta en marcha de la Sindicatura de Cuentas y del Síndic de Greuges, los planes de promoción de ganadería de montaña o las ayudas a las estaciones de esquí, o la financiación de TV-3 o de las clases de catalán".

Se trata de actuaciones que se han llevado a cabo en base a inversiones provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) o de la emisión de deuda pública, explicó Pujol.