Las falsificaciones en la aduana de Barcelona se remontan a 1978 y ya superan la veintena

Las falsificaciones en la Aduana de Barcelona se remontan a 1978 y ya superan la veintena, según las primeras conclusiones a que se ha llegado en la investigación del fraude fiscal descubierto en dicho organismo. Simultáneamente, se ha sabido que la Administración desconoce el paradero del último jefe de contabilidad de la Aduana, Luis Campos, quien goza de excedencia desde el pasado 1 de setiembre. El fraude descubierto consiste en falsificaciones practicadas en el libro oficial de pagos de la citada dependencia, por valor de 420 millones de pesetas. Estas irregularidades implican principalmente a la empresa Batchillería, que el pasado martes presentó expediente de suspensión de pagos -con un pasivo de 516 millones, 514 de los cuales son deudas a Hacienda- y no a su participada AYMSA, empresa que, entre otras, está siendo objeto de investigación administrativa.

Desde el pasado 1 de septiembre, Campos se encuentra en excedencia laboral. Aunque esta situación fue solicitada en junio pasado, un mes antes de que los hechos fueran denunciados en Madrid, en algunos medios ha causado sorpresa que la excedencia se haya concedido a pesar de que el jefe de contabilidad figura entre las personas relacionadas con este tipo de control. Medios del sector han expresado su extrañeza porque los inspectores del Ministerio de Hacienda no hayan formulado ningún requerimiento al ex jefe de contabilidad, ni hayan mostrado interés por interrogarle, si bien otras fuentes de alto nivel destacan que son muchos los funcionarios con acceso al citado documento oficial. La Administración desconoce el paradero de Campos.En medios próximos a la Aduana barcelonesa ha llamado la atención lo que califican como "exquista prudencia mostrada por la Administración", que ni siquiera ha interrogado a los funcionarios relacionados con la documentación falsificada, en contraste con la "fulminante destitución" del administrador de la Aduana de Barcelona, José Cristóbal Ponce.

La Administración confía en que los responsables de Batchillería facilitarán finalmente la identidad del funcionario o funcionarios de Aduanas que efectuaban las simulaciones de pago. Las anomalías descubiertas en la contabilidad de la Aduana se realizaban mediante la impresión de fechas, en el listado de ordenador, simulando la conformidad del pago de unas cantidades que en realidad no se había efectuado.

Declaración jurada

Fuentes solventes han precisado que las irregularidades no son simples atrasos en los pagos, como en un principio había trascendido, ya que el período máximo permitido en estos supuestos es de 45 días, mientras que los pagos simulados se efectuaron a finales de 1982, en 1983 y en junio pasado.Las investigaciones de Hacienda se retrotraerán hasta 1978, fecha en la que según todos los indicios, se iniciaron las irregularidades. De momento se han descubierto ocho falsificaciones en 1982, nueve en 1983 y otro número similar en 1984. Dos equipos de inspectores desarrollan su actividad en un doble frente. Por una parte, han iniciado la inspección de años anteriores y, por otra, la investigación de otras empresas.

Los agentes de aduanas han acordado presentar una declaración jurada en el plazo de 72 horas, en la que deberán determinar la cuantía de sus deudas a la Administración que hayan superado el plazo de 45 días.

En relación con el alcance de las responsabilidades, existe disparidad de criterios en el seno de la propia Administración. Así, mientras un sector opina que la responsabilidad inmediata se concentra inicialmente en el jefe de contabilidad, asciende luego hacia el interventor y finaliza en última instancia en el administrador, otras fuentes, cercanas a la Dirección General de Aduanas, señalan al administrador y al segundo jefe de la Aduana como únicos responsables del contenido de los libros oficiales.

También en el seno de la propia Administración existen opiniones contrapuestas sobre la ejecutoria profesional del administrador cesado.