México logra un acuerdo con la banca internacional para la renegociación de 48.500 millones de dólares de su deuda exterior

El horizonte económico de México va a mejorar sustancialmente a partir del acuerdo de principio alcanzado por los líderes de la banca internacional para reestructurar un paquete de su deuda pública externa por importe de 48.500 millones de dólares. Al reducir la carga anual de los créditos en divisas, el Gobierno de Miguel de Lamadrid amplía su margen de maniobra, ya que podrá destinar recursos adicionales a la inversión productiva y al mismo tiempo rescatar algunos programas sociales que permitan mejorar la situación de los sectores más deprimidos.El convenio afecta al 72% de una deuda pública que asciende a 67.000 millones de dólares. Han quedado fuera de la negociación varios préstamos contratados ya en condiciones ventajosas con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, los créditos de gobierno a gobierno y las diversas emisiones de bonos que instituciones públicas como Nacional Financiera y Petróleos de México han venido colocando en los mercados de capitales.

La primera ventaja que obtiene México con este acuerdo es la ampliación del vencimiento de sus créditos, que de 1990 se prorroga hasta 1998. De haberse mantenido la estructura anterior, este país habría tenido que desembolsar en los próximos seis años cantidades anuales que oscilaban entre 9.000 millones y 14.000 millones de dólares por amortizaciones del principal. A ello debían agregarse 11.000 millones cada año en concepto de intereses. Una carga insoportable para la economía mexicana.

Una vez que se formalice este convenio, los pagos de capital para los próximos cuatro años quedarán por debajo de los 2.500 millones de dólares, para aumentar luego progresivamente hasta 1998, pero sin rebasar en ningún caso los 6.500 millones anuales. En palabras del secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, la deuda ha pasado a ser un problema manejable.

El segundo aspecto positivo es la reducción en las tasas de interés. El paquete total renegociado (43.000 millones de dólares) había sido contratado sobre la base de la tasa preferencial (prime rate) de Estados Unidos. En el nuevo convenio la tasa de referencia será la interbancaria de Londres (libor) o la tasa de certificados de depósito, que es básicamente igual. Sobre el libor se aplicará un diferencial promedio de uno un octavo por 100. A diferencia de la reestructuración acordada en marzo de 1983, en este caso los bancos no cobrarán comisión por el nuevo convenio. La Secretaría mexicana de Hacienda estima que en líneas generales se han reducido en un punto las sobretasas contratadas originalmente, lo que va a suponer un ahorro anual promedio de 350 millones de dólares.

Como es lógico, la banca ha exigido garantías para aplicar esta fórmula, que en cierto modo rompe la ortodoxia de los créditos internacionales. Inicialmente trató de que el Gobierno mexicano firmase un convenio permanente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que estuviera en vigor hasta 1998. La Administración de Miguel de Lamadrid convenció a los banqueros de que esta fórmula resultaba inaceptable y que bastaría con facilitarle el acceso al informe anual que debe entregar al FMI, en cumplimiento del artículo 4º de su reglamento constitutivo.

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