Los servicios de seguridad bolivianos, en estado de alerta para prevenir un nuevo intento de golpe de Estadio

Los servicios de seguridad bolivianos se encuentran en estado de alerta, después de que el Ministerio del Interior denunciase en la madrugada del viernes un nuevo intento subversivo contra la estabilidad del precario sistema democrático, al término de una semana de tensiones, en la que también se agudizó la crítica situación económica.

El Ministerio del Interior denunció anoche la existencia de preparativos para "una asonada que tendría por objetivo la eliminación física de varios hombres de Estado, dirigentes políticos, militares y sindicales" como un primer paso hacia el derrocamiento del régimen democrático instaurado en 1982.Fuentes gubernamentales señalaron a los autores intelectuales del secuestro presidencial, el pasado 30 de junio, como organizadores de este intento golpista, que iba a estallar este fin de semana.

Según esas fuentes, el coronel Rolando Saravia -considerado cabecilla del movimiento del 30 de junio- y casi todos los militares dados de baja y suspendidos a causa del secuestro estarían comprometidos en este plan subversivo junto a la Falange Socialista Boliviana (FSB), partido de derechas.

La FSB presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el presidente, Hernán Siles, el vicepresidente, Jaime Paz Zamora, y el Parlamento, por haber "prorrogado el período de su mandato". Según los demandantes, el período constitucional concluyó en agosto de 1984, pero de acuerdo al mandato del Congreso este período culminará el 6 de agosto de 1986.

El Ministerio del Interior explicó que en el golpe tenían previsto actuar individuos "de reconocida filiación fascista", y previno a "la opinión pública para que adopte medidas de seguridad en resguardo de sus personas".

La denuncia gubernamental llega en momentos en que el desorden social ha rebasado los límites de la legalidad. El más claro y último ejemplo de ello es la intervención laboral de una fábrica de calzados y, como respuesta a ella, la intervención patronal de la prefectura del departamento de Cochabamba, el tercero en importancia en el país.

Los trabajadores de la mayor fábrica de calzados del país se hicieron fuertes en la misma y tomaron como rehenes al personal administrativo y técnico "para presionar a los dueños" a fin de que les suban los sueldos. Los empresarios, que consideran que no existe autoridad que haga respetar las leyes, tomaron a su vez las oficinas de la Gobernación de Cochabamba, exigiendo al Gobierno que imponga la ley.

Éste es uno de los hechos más graves -después del corte de agua potable a la vivienda del presidente- que el Gobierno de Siles afronta en estas últimas semanas, en las que menudearon huelgas y paros absolutamente de todos los sectores, excepto -como agudamente señaló un dirigente político- de la Iglesia católica y las fuerzas armadas.

Congreso sindical

En este marco, la Central Obrera Boliviana (COB) celebra su sexto congreso con la participación de unos 1.500 delegados y la asistencia de invitados procedentes de Cuba, Nicaragua, Re pública Popular China, Francia y España.

Los primeros cuatro días del congreso reflejaron también la profunda crisis que afecta a este país: los líderes sindicales no pudieron conciliar criterios respecto a la representatividad de delegados de las organizaciones laborales divididas por problemas político-partidistas. Las sesiones plenarias se iniciaron ayer en un clima de tensión, a raíz de los antagonismos entre el máximo dirigente de la COB, Juan Lechín, y dirigentes del Partido Comunista de Bolivia.