México impedirá que se utilice su territorio para actos violentos contra Guatemala

El Gobierno de México mantiene intactos sus principios de asilo político, protección a refugiados y solidaridad humanitaria, pero al mismo tiempo "impedirá que se utilice territorio mexicano para apoyar acciones violentas en Guatemala o en cualquier otro país", dijo ayer el presidente Miguel de la Madrid en su segundo informe a la nación.En estos términos, justificó la decisión de volver a instalar en el Estado de Campeche, lejos de la frontera, a los 46.000 guatemaltecos que se han asilado en México por la conflictiva situación que vive el país.

La violencia, que se ha establecido de forma permanente en toda la región centroamericana, constituye, a juicio del presidente mexicano, "una amenaza para nuestra seguridad". De ahí la participación activa en las negociaciones de paz emprendidas por el grupo de Contadora.

Frente a las críticas que se han formulado durante los últimos días por el punto muerto al que parece haber llegado el diálogo, De la Madrid reivindicó la potencialidad de este foro, que ha evitado hasta ahora "que la guerra se convierta en un conflicto generalizado", abriendo al mismo tiempo canales de comunicación entre los cinco Gobiernos centroamericanos. "Una paz duradera en esa área debe sustentarse", afirmó, "en el derecho de autodeterminación de los pueblos y en el principio de no injerencia".

De la Madrid apuntó como objetivos inmediatos el cese de hostilidades, acuerdos en materia de control de armamentos y el compromiso de cada país de no tolerar que se lleven a cabo desde su territorio acciones desestabilizadoras contra otros Gobiernos.

El presidente mexicano agregó que una solución de largo alcance pasa por el desarrollo de instituciones democráticas y la superación de su atraso económico.

En el universo de las relaciones exteriores de México ocupa primerísimo lugar la superpotencia del Norte, a la que le unen 3.000 kilómetros de frontera.

De la Madrid calificó de "franco y cordial" el diálogo con Estados. Unidos, cuya colaboración ha sido positiva en la reestructuración de la deuda externa y en el tratamiento de las cuestiones comerciales y fronterizas.

La alusión sonó tal vez excesivamente halagadora para Washington en un momento en que México tiene evidentes discrepancias en relación a Centroamérica, hay quejas por el proteccionismo norteamericano ante ciertas mercancías de exportación tradicional, existe malestar por la ley migratoria Simpson-Mazzoli -que entorpecerá una emigración anual estimada en 800.000 mexicanos- y, los responsables financieros se quejan, en fin, por el alza de las tasas de interés, sumamente gravosas para un país que debe cerca de 90.000 millones de dólares.

Este tono, escasamente polémico en la formulación de la política exterior, se hizo casi triunfalista al exponer los logros políticos y económicos de su gestión.

En el primer capítulo apuntó la renovación moral -que no es una moda de comienzo de sexenio-, el esfuerzo realizado para depurar a las policías, el mantenimiInto del Estado de derecho y la profundización de las libertades.