La oferta de negociación con ETA estaba en los planes iniciales del Gobierno socialista

Viene de la página primera

Además del hecho inédito de brin darse a la negociación, el Gobierno pone condiciones radicalmente nuevas al ofrecer la posibilidad de intregrarse en la sociedad a todos los miembro de ETA, sin excluir a los que estén implicados en delitos de sangre. Con este planteamiento, el Gobierno se muestra dispuesto, antes de iniciar la posible negociación, a dar una réplica posibilista a la demanda de amnistía para presos y refugiados, primero de los cinco puntos de la alternativa KAS, que propugnan ETA y Herri Batasuna. Ante la imposibilidad de conceder una amnistía por prohibición constitucional, la disposición del Gobierno a revisar con "magnanimidad" la situación de cada uno de los miembros de la organización permite dar una salida al más delicado de los puntos de la alternativa KAS.

Otro aspecto político y novedoso de la oferta es el anuncio de que se está dispuesto a negociar directamente con ETA, incluso con la participación de un miembro tan significado del Gobierno como el ministro del Interior, con la marginación de todo intermediario, papel que habían reivindicado para sí con reiteración el Partido Nacionalista Vasco y el lendakari Garaikoetxea, como representantes de la mayoría política del País Vasco. Fuentes allegadas al lendakari, que el jueves pasado lamentó no haber sido informado por el Gobierno de su nueva actitud, informaron ayer que no se ha producido ningún contacto posterior entre éste y el presidente González. Un alto cargo gubernamental declaró también ayer que el ofrecimiento de Garaikoetxea de "hacer lo que sea necesario" para contribuir a la pacificación de Euskadi, en lo tocante a la mediación con ETA, no va a ser atendido.

La marginación del partido mayoritario vasco en esta negociación también es una pieza nueva del rompecabezas antiterrorista diseñado hace largo tiempo y que constaba básicamente de cinco líneas de actuación:

- Debilitamiento policial de ETA, que a la llegada de los socialistas al poder se presentaba como una organización con gran capacidad de actuación dentro y fuera del País Vasco.

- Asunción de la dirección de la lucha antiterrorista por responsables políticos, que estaba en manos de funcionarios policiales.

- Emprender una acción diplomática que asentara ante la opinión pública internacional la realidad de la democracia española para deshacer equívocos, que, especialmente en lo relativo a la estructura autonómica del Estado, se mantenían intactos, pese a los años transcurridos desde la implantación del régimen constitucional en España. En este punto de la acción exterior, Francia, en cuanto que base principal de los etarras, merecía atención prioritaria para el Gobierno.

- Impedir que el Partido Nacionalista Vasco capitalizara políticamente y más que ningún otro grupo abertzale la actividad de ETA.

- En un determinado momento de desgaste de ETA, no prefijado por el Gobierno ni en el tiempo ni en sus circunstancias concretas, se plantearía la necesidad de dar una salida negociada a los terroristas.

La elección del momento

Las razones que han llevado al Gobierno a elegir este momento son también varias. Por una parte, el convencimiento de que se ha alcanzado un debilitamiento suficiente de ETA, provocado sustancialmente por la pérdida del santuario francés, que ha facilitado la acción policial dentro de España. El acoso policial y diplomático, las acciones de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en Francia, las deportaciones y la amenaza de extradiciones a España, la imposibilidad de los grupos de apoyo a ETA -gestoras pro amnistía y Herri Batasuna- de provocar grandes movilizaciones populares, junto al descenso de la actividad terrorista, han llevado al Gobierno a pensar que éste era un buen momento para el ofrecimiento.

El Gobierno estima que esperar un desgaste mayor de la organización, en lo que sigue empeñado, podría acarrear el riesgo de reacciones desesperadas, de las que siempre es capaz un grupo terrorista por pequeño qué sea, que dificultaran una salida controlada del proceso. Incluso los responsables policiales asumen que uno de los riesgos que tiene el ofrecimiento efectuado a ETA es que ésta trate de demostrar, mediante un atentado de gran repercusión política o incluso un atentado-matanza, que no es una organización gastada.

De cara a la opinión pública internacional, el ofrecimiento hecho ahora tiene la ventaja de frenar la campaña que están llevando a cabo ETA y los partidos abertzales, incluido el PNV, para evitar que el Gobierno francés se pronuncie a favor de las extradiciones. El Gobierno entiende que su reivindicación ante Francia ha ganado enteros, y, según un alto cargo del mismo, tiene fe total en que la vía de las extradiciones se va a abrir en los meses próximos. Para ETA sería el más duro golpe político, y el Gobierno tendría en ello una solución a los problemas que está encontrando para colocar a los etarras expulsados de Francia en otros países.

En este aspecto las autoridades españolas cuentan todavía con "algún cupo disponible" en algún país centroamericano y confían en ampliarlo en otros, posiblemente en Cuba, pero las dificultades de colocación de los etarras expulsados por Francia aconsejan que la colaboración de este país sea más selectiva en el futuro, una vez que el efecto psicológico sobre ETA ya se ha alcanzado con las 25 deportaciones.

El momento político de producir este anuncio venía supeditado en gran medida por las relaciones con el PNV. En el equipo del Gobierno se ha implantado la idea de que el planteamiento exclusivamente político que hacen del terrorismo los nacionalistas, lejos de ayudar a poner fin a la actividad de ETA, supone una complicación.

Las declaraciones del PNV y del lendakari en contra de las extradiciones, la petición de los nacionalistas al Gobierno de París de que Francia siga siendo territorio de asilo para los "perseguidos políticos" -además del desgaste que ha supuesto ante la opinión española la reciente guerra de las banderas-, han permitido al Gobierno presentar al PNV como autoexcluido del proceso de negociación. La radicalización de los nacionalistas en sus demandas autonómicas es la reacción lógica esperada por Madrid.