La corrupción, detonante del segundo reajuste
El relevo gubernamental decidido en Honduras por el presidente Roberto Suazo, siguiendo métodos que resultan insólitos en este país aunque sean normales en otros, parece el segundo capítulo de una crisis institucional más grave abierta en marzo con una purga de la cúpula militar. Entonces como ahora, la corrupción parece ser el detonante del cambio.El enriquecimiento privado con fondos públicos ha sido práctica común, tolerada sin excesivos aspavientos éticos, en las repúblicas hispanas de América, posiblemente como una pesada herencia de los virreinatos. Pero en tiempos de aguda depresión económica empieza a convertirse en insulto intolerable para las mayorías que se empobrecen día a día.
El jefe del Ejército hondureño, general Walter López Reyes, ya en su discurso ante el Congreso, después de jurar su cargo a comienzos de abril, hizo una encendida defensa de la moralidad pública, enfocada de forma especial, pero no exclusiva, hacia los militares. En los cinco meses transcurridos desde aquella depuración castrense, algo parece haberse corregido en el interior de los cuarteles, pero la Administración civil ha mantenido los mismos defectos que provocaron el cese de cinco generales.
El manejo de informaciones reservadas para hacer negocios privados, los escándalos financieros y el saqueo de las arcas públicas constituyen esquemas de comportamiento habituales entre los funcionarios hondureños, que consideran al Estado como un patrimonio del Gobierno de turno.
Los oficiales jóvenes que conspiraron contra la cúpula militar anterior, dando por toda explicación a sus jefes que los destituían por ladrones, nunca ocultaron su propósito de sanear el Estado en su conjunto. Ahora parece llegada la hora de que rindan cuentas los civiles, aunque es casi seguro que los culpables no irán a los tribunales y que se limitarán a pagar con su cese los manejos ilícitos del presupuesto.
Salvar la presidencia
Al margen del escándalo nacional en que se ha convertido la corrupción para el tercer país más pobre de América, superado sólo por Haití y Bolivia, esta crisis de Gobierno, casi a la mitad del mandato presidencial de Suazo, es un intento de salvar a la máxima institución del Estado, que es la presidencia, del fracaso global de su gestión.
Las primeras correcciones en lo militar se han venido registrando en estos cinco meses. La dependencia de Washington ha dejado lugar a una relación más autónoma, que ha llevado a replantear el convenio de defensa que regía las relaciones entre los dos países desde 1954.
El apoyo declarado a las guerrillas antisandinistas ha sido también corregido en declaraciones públicas del comandante en jefe y el canciller saliente.
Este segundo episodio de la crisis pretende rectificar una política económica que ha resultado un fracaso. El país está más endeudado que hace dos años, las exportaciones han disminuido y, por primera vez en medio siglo, la devaluación del lempira parece inevitable.
Los acuerdos militares con Washington buscan una mejor contrapartida económica, pero por si sola esa mejora será insuficiente para salvar al país de la bancarrota.
