La petición de dimisión del Gobierno hondureño supone "una franca aceptación de que el Gabinete está en crisis"

El panorama político hondureño sufrió una fuerte sacudida el pasado jueves cuando el presidente Roberto Suazo Córdova canalizó la sorprendente decisión de pedir la renuncia del Gobierno en pleno y de casi 100 altos funcionarios, en un acto calificado aquí como "una franca aceptación de que el Gobierno está en crisis". La decisión tomó por sorpresa a la cúpula dirigente del Partido Liberal, que gobierna actualmente, reduciendo el ámbito del poder al despacho presidencial y a la jefatura de las fuerzas armadas, encabeza por el general Walter López Reyes.

La reducida esfera de poder en que se produjo la petición de dimisión resultó extraña para la opinión pública hondureña, máxime si se considera que Partido Liberal y Gobierno se confunden en este país centroamericano, de cuatro millones de habitantes con un ingreso per cápita de 475 dólares anuales y que retornó a un precario orden constitucional el 17 de enero de 1982.De acuerdo con fuentes solventes, en el atardecer del día 15 el presidente Suazo Córdova, un médico rural de 56 años, se entrevistó en la sede de la fuerza aérea con el general López Reyes, dando origen al rumor de que los cambios fueron solicita dos por el alto mando militar.

Menos de 24 horas después en pleno ajetreo de sobres blancos conteniendo las dimisiones firmadas, el embajador norte americano, John Dimitri Negro ponte, entró en Casa Presidencial por la puerta de servicio para evitar a los periodistas y, después de conversar con el mandatario, salió por la misma puerta.

En un país donde a menudo la política discurre con extraño simbolismo, el orden de ambas entrevistas pareció reflejar, en cierta medida, la preeminencia de las influencias fácticas que recibe la actual Administración liberal.

A juicio de Hernán Corrales, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano, la petición de renuncia tiene que ver con la caída del general Gustavo Alvarez Martínez de la jefatura de las fuerzas armadas el pasado 31 de marzo, a manos de un movimiento de oficiales jóvenes, que lo acusó de "abuso de poder y corrupción".

Álvarez Martínez, el general de división condecorado en Washington por el Pentágono eclipsó a menudo al Gobierno civil con su férrea vocación anticomunista, traducida en una colaboración incondicional con Estados Unidos y el incremento de una guerra sucia en lo interno, en la que presuntamente involucró a altos oficiales, que serán enviados al exterior en breve plazo, en lo que se da en llamar exilio diplomático.

Un analista político comentó al respecto que "al parecer, el alto mando considera que ha limpiado su casa y que ahora le toca el turno a la Administración pública, antes de que la situación social interna se descomponga irremisiblemente".

La crisis toca fondo

En efecto, la crisis está tocando fondo en este país, que comparte fronteras calientes con Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El inmovilismo de la reforma agraria mantiene en acecho a 165.000 familias campesinas sin tierra, y de una población económicamente activa de 1,2 millones de habitantes, sólo el 29% tiene trabajo. La deuda externa supera ya los 2.000 millones de dólares (más de 320.000 millones de pesetas) y, para decepción del Gobierno, su alianza política con Estados Unidos sólo le reportó en 1984 una asistencia económica de 169 millones de dólares (algo más de 27.000 millones de pesetas), cantidad muy por debajo de la destinada a El Salvador y Costa Rica por la Casa Blanca.Romualdo Hueso Peñalba, presidente del Partido Liberal, justificó la gestión del presidente Suazo Córdova diciendo que "la situación económica impide cumplir todos los cometidos".

Menos indulgente fue Efraín Díaz Arribiyaga, el parlamentario opositor más firme, quien subrayó que, "al efectuar un balance general, resulta obvio que la Administración ha tenido más fallos que aciertos". Díaz Arribiyaga subrayó que "de nada sirve cambiar las personas si no hay realmente una orientación en el rumbo de la nación, si no hay objetivos claros ni un propósito nacional".

La mayoría de los detractores de la actual Administración liberal hondureña habla de una parálisis gubernamental, sectarismo político, sometimiento a los dictados del Fondo Monetario Internacional, corrupción, desastre económico y falta de autonomía en política exterior.

Los portavoces del Gobierno no admiten ni la décima parte de estas objeciones. Sin embargo, el canciller Edgardo Paz Barnica declaró hoy que la próxima reestructuración del Ejecutivo se orienta a dinamizar la Administración pública y corregir algunos errores".