El sumario por el 'caso Ceis' amenaza convertirse en un conflicto institucional

Veinte días antes de que la Policía Autonómica de la Generalitat procediera a realizar la redada contra la secta Ceis, la Asociación Pro Juventud había reservado 12 habitaciones en el hostal de Corbera de Llobregat (Barcelona) donde fueron trasladados, en contra de su voluntad, según han denunciado siete adeptos para ser sometidos a un tratamiento de desprogramación a cargo de especialistas contratados por la mencionada asociación. Después de la redada, policías autonómicos entregaron en custodia a sus familiares a un número indeterminado de adeptos a la secta, pese a ser éstos mayores de edad y sin ser sometidos a ningún tipo de revisión médica. Siete de estos adeptos fueron trasladados por los policías de la Generalitat al hostal, donde fueron vigilados por unos guardas contratados.Elena Riera Blume formaba parte de las 60 personas detenidas por la Policía Autonómica durante la noche del 20 de junio y la madrugada del día siguiente, en la redada contra la secta. Catorce de los detenidos -Vicente Lapiedra, el líder, y sus más inmediatos colaboradores, considerados como guías de otros tantos grupos de seguidores en que se estructuaraba la secta- fueron presentados por los Mossos d'Esquadra, en su primera y más espectacular actuación policial, ante el juez de guardia, César Planas, titular el Juzgado de Instrucción número 6. Dos de ellos fueron puestos en libertad, y los 12 restantes ingresaron en prisión, acusados, en las diligencias previas en que aún se mueve el caso, de los delitos de intrusismo profesional, imprudencia temeraria, fraude, estafa, persuasión coercitiva, control mental e inducción a la prostitución y al consumo de LSD.

Con los restantes detenidos la Policía Autonómica distinguió dos grupos: al más numeroso lo puso en la calle, pero a siete de los seguidores de Lapiedra -Elena Riera, sus hermanos Víctor y Conchita, María Teresa Sales, Mari Luz y Amelia Casado y Javier Bruna- los entregó en custodia a sus familiares y, posteriormente, fueron trasladados, por policías autonómicos al hostal Can Rafel, en el término de Corbera de Llobregat.

Las actas de entrega

Las entregas a sus familiares -de los siete citados y de otros adictos a la secta-, se formalizaron a través de unas actas, cada una de ellas firmada por dos agentes de la Policía Autonómica -identificados por sus números- y por el familiar que se hacía cargo de la tutela: tía, madre, padre o hermano/a. En estas actas se recogía explícitamente que los entregados no estaban implicados en los delitos que se perseguían 31 que eran mayores de edad, salvo en un caso, en el que se hizo constar que era menor de edad, pero erróneamente, pues el implicado había nacido en 1960. Los familiares tal como se reflejó en el acta respectiva, se hacían cargo de sus parientes reconociendo su estado de "abandono" o de "desorientación", según los casos. Los adeptos han declarado que no fueron reconocidos por médico alguno.Elena Riera denunció ante el juez -los otros seis adictos a la secta antes citados lo corroboraron después, en líneas generales, en las sucesivas denuncias que presentaron- que había sido trasladada a Can Rafel en un vehículo policial conducido por un mosso d'esquadra y que otros policías autonómicos la acompañaban. Agregó que al llegar al hostal fue entregada a unos hombres corpulentos que la condujeron a la fuerza hasta un pequeño cuarto con las ventanas tapiadas con listones de madera, donde le advirtieron que no intentara escapar. Fue visitada luego por sus familiares, "que me miraban y hablaban como si me hubiera vuelto loca o hubiera cometido numerosos delitos", y por otras personas, que identificó como los desprogramadores contratados por los familiares a través de la Asociación Pro Juventud, una entidad especializada en la lucha contra las sectas seudorreligiosas que dirige José Maria Belil. Conectaron más tarde un transistor a toda potencia y colocaron un foco sobre su cabeza. Estuvo vigilada siempre por un guardián. Al día siguiente comenzaron las sesiones de desprogramación, que la denunciante describe como una tortura.

Estas afirmaciones contrastan con la versión del propietario del hostal, que ni observó la llegada de los vehículos policiales ni apreció anormalidad alguna en las habitaciones que había alquilado, aunque declaró que determinado día una persona le indicó a su esposa que en siete de las habitaciones alquiladas no se entrase a efectuar, la limpieza diaria hasta nuevo aviso (al final, la ausencia de limpieza se prolongó durante tres días). Sí les sorprendió al propietario y a su esposa el continuo paseo de varios individuos por los pasillos del establecimiento. Sólo cuando todo el grupo hubo abandonado el hotel, unos 10 días después, la esposa del propietario observó la existencia de unos orificios en los marcos de las ventanas de aquellas siete habitaciones, que no estaban antes de la llegada de estos clientes. La policía gubernativa, cuando registró el hotel, encontró al menos uno de los tornillos utilizados para tapiar las ventanas.

Las habitaciones del hotel (12 en total) fueron reservadas por teléfono a primeros de junio por una mujer que se identificó como la señora Belil (la esposa de José María Belil se llama María Rosa Boladeras), para una fecha situada en torno al 15 de ese mes. A partir del día 16 empezaron a ocuparse las habitaciones. En total, unas 25 personas se alojaron en el hotel.

Nuevo interrogatorio

Tanto Elena Riera como los demás adeptos recluidos en Can Rafel denunciaron que hasta el hotel se acercó un día el subdirector general de la Policía Autonómica, Carles Torras, acompañado de una mujer que fue presentada como abogada, para tomarles declaración en relación a los dirigentes de la secta que habían ingresado en prisión. Los denunciantes aseguran que lo que allí declararon lo hicieron para aliviar la presión que sobre ellos se ejercía. Torras declaró ayer que, los mossos no participaron en las desprogramaciones y que él acudió al hostal "por mandato judicial y para interrogar a los detenidos".En el hostal de Corbera permanecieron unos siete días. Después fueron desperdigados por distintas casas, vigilados siempre de cerca, aunque de forma mucho menos rígida que en el hotel, gracias a haber "seguido el juego" a los desprogramadores y haberles convencido de que aceptaban rectificar su adhesión a la secta. Los denunciantes afirman que fueron amenazados con que, en caso de escapar, volverían a ser internados.

Al tener conocimiento de estos hechos por la declaración de Elena. Riera, el juez de guardia ordenó a la policía gubernativa que actuara. Ésta acudió a los locales denunciados como centros de reclusión: el hostal de Corbera, un camping situado en las cercanías de Barcelona, un chalé en La Molina (Gerona) y una casa de Matadepera, cerca de Terrassa; detuvo a cuatro personas (familiares y desprogramadores) que se encontraban en algunas de esas viviendas y liberó a quienes estaban bajo su custodia.