Abandonan pacíficamente su encierro los policías argentinos amotinados en Tucumán

El gobernador de la provincia de Tucumán, Fernando Riera, anunció a las tres de la madrugada de ayer (ocho de la mañana, hora peninsular española), después de mantener una conversación telefónica con el presidente de la nación, Raúl Alfonsín, que se había alcanzado un acuerdo y quedaba superado el estado de rebelión que mantenía la policía de esa ciudad desde hacía nueve días.

El asalto de las fuerzas federales a los amotinados, encerrados con sus armas en la jefatura provincial del cuerpo, pudo evitarse, y los 400 agentes todavía recluidos abandonaron el recinto pacíficamente y con sus armas reglamentarias.El último intento personal del gobernador, antes de que se ordenara iniciar el ataque a las fuerzas federales, dio resultado, tras dirigir una arenga ante los amotinados en la que se comprometió a no tomar medidas en represalia por la insubordinación. Riera aceptó además que los policías rebeldes se retiraran. a sus domicilios particulares con las armas reglamentarias.

Al grito de "Riera corazón", los casi 400 agentes urbanos que mantenían aún la resistencia en el lugar rodearon el auto del gobernador y marcharon juntos hasta la salida cantando el himno nacional. Las reclamaciones que dieron origen al conflicto no fueron discutidas en ese momento, y en poco más de media hora se completó el desalojo de la jefatura, ocupada luego de forma provisional por la policía federal.

La Subsecretaría de Información Pública de la provincia dio a conocer los términos del acuerdo. Se destaca sólo la decisión del gobernador de terminar con el "estado de alzamiento", como lo ordenaba un fallo judicial del 4 de agosto.

Siete de los quince miembros de la comisión que representaba a los policías acuartelados, que se habían entregado el lunes por la noche, fueron liberados tras prestar declaración. Los oficiales Hugo Pereira y Luis Leal, que aparecían como los líderes de la rebelión, quedaron detenidos, a disposición del juez que interviene en la causa.

Relevos y narcotráfico

El conflicto duraba ya nueve días. Se inició en la sede de la división de caballería de la policía provincial, donde las fuerzas resolvieron trasladarse a la jefatura central para continuar allí el paro y la protesta por los bajos salarios y por los cambios en los mandos que habían ordenado las nuevas autoridades civiles de Tucumán. Se acusaba a dos de los designados de estar vinculados al narcotráfico y a la represión ilegal ordenada por el Gobierno militar anterior.Los medios de comunicación transmitieron durante estos días mensajes a la opinión pública para que tomara sus propias medidas de seguridad ante el notable crecimiento de las denuncias por robos y asaltos violentos. El Gobierno nacional dispuso el domingo pasado enviar tropas federales para garantizar el orden en la ciudad y reforzar el cerco alrededor de los rebeldes acuartelados.

Los subsecretarios de los ministerios de Interior y Defensa se hicieron cargo de la situación. Antes de que se ordenara el ataque final, el gobernador de la provincia consultó con el presidente Raúl Alfonsín si podía permitir a los agentes amotinados que se marcharan con las armas a sus casas antes de presentarse nuevamente a sus puestos. Una vez obtenida la autorización, el gobernador entró en el edificio de la jefatura y logró la rendición de los rebeldes.

Por su parte, la policía de la provincia de El Chaco decidió ayer levantar las medidas de fuerza para iniciar un diálogo con el gobernador.