La suspicacia de la oposición

Todos los recelos de la oposición conservadora ante posibles chanchullos del Gobierno, la mayoría de los cuales no ha tenido posterior confirmación, han sido objeto preferente de las preguntas al Gobierno. La presentación de altos cargos de la Administración socialista a las "pruebas de idoneidad" para ser profesores titulares de Universidad sin pasar por las habituales oposiciones -acogiéndose a una disposición transitoria de la ley de Reforma Universitaria- fue objeto de indagación por parte de varios diputados populares, que no se mostraron satisfechos hasta escuchar reiteradas explicaciones del ministro de Educación, José María Maravall, quien justificó que esas pruebas no suponían ninguna ventaja adicional a los altos cargos.También se mostró suspicaz el Grupo Popular ante el hecho de que "la pertenencia a determinado sindicato" -presumiblemente UGT- "pueda suponer un privilegio para la utilización de los hoteles de la cadena estatal ENTURSA"; o por si podía "impedir el Gobierno la inspección del Tribunal de Cuentas del Reino ante la reprivatización de los activos del grupo Rumasa", y para recabar informaciónsobre "qué es lo que ha pasado con el concurso-venta de 70.000 toneladas de azúcar propiedad del FORPPA" (Fondo de Regulación de Precios y Productos Agrarios). La venta de los periódicos de la cadena de Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE) fue objeto de una doble interpelación: acerca de si el Gobierno también podía impedir la inspección del Estado sobre esas empresas y si "es cierto que el Gobierno socialista utiliza su influencia para obtener el control de los periódicos de los MCSE".

La seguridad de Solana

Mención aparte merecen las dudas de los diputados de Alianza Popular José Ramón Calero, Joaquín Peñarrubia y José Arturo Corte Mier. El primero de ellos preguntó: "¿A qué se debe la presencia de Enrique Sarasola (el empresario amigo personal de Felipe González y muy vinculado al PSOE) en todas las negociaciones comerciales con un representante del Gobierno dominicano?".

Peñarrubia, por su parte, disparó: "¿Puede justificar el señor ministro de Cultura la necesidad de instalar elementos de seguridad en su vivienda por importe de 3.019.316 pesetas?", en tanto Corte Mier presentaba un caso de inverosímil desdoblamiento de funciones: "¿Es cierto", preguntó, "que este Gobierno. ha logrado conciliar hasta tal punto los intereses de los trabajadores y de la empresa, en el caso de Renfe, que resulta factible que una misma persona, Apolinar Rodríguez Díaz, ostente la doble condición de representante de la empresa y representante de los trabajadores, en cuanto disfruta simultáneamente del cargo de director general adjunto y de un puesto en el consejo de administración en representación de UGT?".