El Gobierno vasco amenaza con romper el pacto sobre el Estatuto de Autonomía

El Gobierno vasco "podría considerarse desvinculado del compromiso que supuso la aprobación del Estatuto de Autonomía, en el caso de que el desarrollo estatutario continuase bloqueado", según declaró ayer a EL PAÍS el vicepresidente del Ejecutivo autónomo, Mario Fernández. En su opinión, "los nuevos criterios del Gobierno socialista impiden el funcionamiento de la comisión de transferencias". Las diferencias entre el Gobierno vasco y la Administración central han quedado de relieve en la última su a raíz de las negociaciones sobre el cupo.

El cupo vasco es la cantidad que la comunidad paga para contribuir, por un lado, a las cargas generales del Estado, y, por otro, a sufragar los servicios de la Administración central que no han sido transferidos.La principal discrepancia parece centrarse en la consideración de las inversiones nuevas como unos servicios que presta el Estado -y por los que el País Vasco, en ese caso, habría de pagar- o como cargas asumidas por la comunidad, lo que no podría ser tenido en cuenta para engrosar el cupo. El cupo ha de ser adoptado por quinquenios mediante negociación, pero mientras no haya acuerdo, según recoge la ley del Concierto Económico, se mantiene un cupo provisional cada año. En 1981, el País Vasco pagó 38.596 millones de pesetas; en 1982, 48.000 millones; y en 1983 la suma era de 63.000 millones.

La intención del Gobierno central de no incluir las inversiones nuevas como correspondientes al País Vasco ha originado profundo malestar en el seno de los nacionalistas, que aseguran que "este planteamiento cuestiona la ley del concierto".

Para el Gobierno de Vitoria, la metodología que desea aplicar la Administración central para la valoración de las transferencias implicará una modificación de la ley del concierto económico, aprobada en 1980 y vigente hasta el año 2001. "Nosotros estamos dispuestos a negociar el cupo", dijo Fernández, "pero no a modificar en lo sustancial el concierto económico; es decir, el reconocimiento de nuestra especificidad como comunidad autónoma".

El vicepresidente del Gobierno vasco, Mario Fernández, insistió en la disposición del Ejecutivo autónomo a aplicar el mismo criterio previsto en la ley del Concierto Económico a todas las materias contenidas en el Estatuto, para rebatir así al ministro Tomás de la Quadra, que recientemente ha declarado que los representantes vascos interpretan la ley del concierto según les conviene. Mario Fernández califica las relaciones entre el Gobierno central y el de Vitoria como "extremadamente graves".

Tras insistir en que ahora no se está dando un parón técnico, sino un bloqueo de diálogo en temas sustanciales, Mario Fernández precisó que "no es verdad que toda la nación invierte en la reconversión de Euskadi con 300.000 millones de pesetas, puesto que ésta es una cantidad ofrecida mediante crédito oficial. Como es sabido, la comunidad autónoma tiene que devolver la cantidad prestada, puesto que el crédito oficial es una carga general que, en este momento, no asume el País Vasco".

Tras el desacuerdo sobre el cupo, el diálogo entre ambos Gobiernos ha sufrido un parón difícilmente superable a corto plazo, según reconocen ambas partes.