Felipe González se reunirá esta semana con patronal y sindicatos para iniciar las negociaciones del futuro acuerdo

El presidente del Gobierno, Felipe González, convocará esta misma semana a los representantes de sindicatos y patronal para iniciar formalmente las negociaciones del próximo acuerdo social. La reunión podría celebrarse hoy mismo, dada la urgencia por tener el marco de las negociaciones prácticamente concluido antes de dar por cerrados los Presupuestos Generales del Estado. Las mayores dificultades del pacto se encuentran en la necesidad de modificar determinadas partidas presupuestarias y buena parte de la fiosofía económica que ha venido aplicando hasta ahora el Ejecutivo, con el fin de dar cabida a las reivindicaciones de patronal y sindicatos.

De las condiciones que cada uno de los interlocutores sociales ha introducido en el futuro pacto, las de CC OO son, como ha reconocido recientemente el propio Ministro de Trabajo, las más costosas y las que mayores dificultades presentan a la hora de ser asumidas por el Gobierno. Algunos de los temas planteados por CC OO se traducen en una fuerte aportación de recursos. Así, la ampliación de la cobertura de desempleo, o al menos de un subsidio mínimo, a todos aquellos trabajadores en paro con cargas familiares supone la transferencia al Instituto Nacional de Empleo (Inem) de fondos que el Ministerio de Trabajo está escrupulosamente cuantificando.La propuesta de CC OO choca además con los criterios que la CEOE ha venido defendiendo. Para la patronal, una política basada en las transferencias sociales va en detrimento del propio empleo, al tener que detraer recursos de inversión para prestaciones sociales. La CEOE pondrá en las negociaciones un especial énfasis en la necesidad de aportar mayores recursos a las empresas y en aplicar una mayor flexibilidad del mercado de trabajo.

Por otra parte, las modificaciones efectuadas, en la ley Básica de Empleo en las prestaciones de paro ampliaron los recursos por encima de las primeras previsiones. El espectacular aumento del paro, registrado desde que se aprobaran estas modificaciones en el pasado mes de octubre, ha incrementado lógicamente los beneficiarios de las mismas y las cantidades destinadas a este fin.

Moderación salarial

Sin embargo, la moderación salarial que exige el Gobierno sólo puede tener para los dos sindicatos, CC OO y UGT, dos contrapartidas: o empleo o mayor cobertura. En caso contrario, las dos organizaciones han anunciado su negativa a suscribir los acuerdos. Bien es cierto que UGT tiene en este aspecto una postura mucho más flexible. Las exigencias de la central socialista en prestaciones de desempleo se basan en conseguir que al menos el 46% de los parados reciba ayuda del Estado. Y para lograrlo, o aumentar este porcentaje, estaría dispuesta a aceptar que se redujera el tope máximo de las prestaciones. Cobrar menos y cobrar más gente. Hay otra posibilidad que los dos sindicatos defienden: que el sacrificio que hagan los trabajadores tenga algún reflejo en la presión fiscal, estableciendo mecanismos que favorezcan a las rentas más bajas.En cuanto a empleo, UGT exige la cuantificación de los puestos de trabajo a crear con el acuerdo. Una vez que se ha renunciado al objetivo de los 800.000 puestos de trabajo prometidos en el programa electoral del Gobierno, la central socialista exige que, al menos, exista un compromiso en firme de los que se pueden crear en lo que queda de legislatura. Para empezar, UGT habla de 200.000 contratos a través de convenios entre el Inem y los organismos públicos (Iryda, leona, ayuntamientos), aunque no dejan de reconocer que no podrían entenderse como nuevos empleos. En cualquier caso, esta filosofía requiere aportación de nuevos fondos de los Presupuestos Generales del Estado.

La necesidad de modificar los presupuestos en este sentido, y el cambio de política que se demanda desde los interlocutores sociales ha encontrado distinto reflejo en áreas del Gobierno. Frente a los que son partidarios de mantener a ultranza (fundamentalmente el equipo económico) la política seguida hasta ahora, otras áreas han advertido de la conveniencia de dulcificar las formas y los contenidos de los criterios económicos y orientar los objetivos gubernamentales hacia la creación de empleo, aunque ello no suponga abandonar la lucha contra el déficit y la inflación.

Las presiones que UGT ha venido realizando en este sentido tienen incluso dentro del sindicato muy distinto carácter. El bloque monolítico que hasta ahora ha sido la central socialista comienza a resquebrajarse entre los partidarios de exigir del Gobierno un cambio profundo de sus objetivos y los que tratan de justificar las medidas del Gobierno. El propio secretario general, Nicolás Redondo, se encuentra sumergido en el remolino de contradicciones que soporta el sindicato. Sus ataques hacia el área económica han ido haciéndose más ácidos. Y su pesimismo respecto a la posibilidad de un acuerdo social no se ha visto despejado después de los primeros contactos con el ministro de Trabajo.

Miguel Boyer, máximo responsable económico del Gobierno, ha sido quien mayor deterioro ha sufrido en su imagen dentro de la central socialista. Miembros del sindicato no ocultan su animadversión hacia un hombre que, un día ya lejano, fue asesor de la UGT del metal. Su carácter, distante y autoritario hacia los representantes sindicales, podía haber sido la razón, según algunas fuentes, de que haya sido designado Joaquín Almunia como representante del Ejecutivo en las negociaciones con los representantes de la patronal y de las centrales.