La policía investiga las presuntas vinculaciones mafiosas de más de 200 extranjeros en la Costa Brava
Un equipo especial de investigación formado por miembros del Cuerpo Superior de Policía ha rastreado durante los últimos meses las actividades presuntamente delictivas y vinculaciones mafiosas de más de 200 extranjeros que residen o regentan negocios en la Costa Brava. La trata de blancas, el tráfico de drogas, oro y joyas, el comercio de armas, la evasión de divisas y el fraude al Estado a través de operaciones inmobiliarias fraudulentas, son delitos comunmente cometidos, según las conclusiones de los investigadores.Los inspectores han elaborado un dossier de más de 500 folios en el que aparecen con nombres y apellidos estos individuos. En el documento se relacionan también los lugares públicos que suelen frecuentar y las empresas inmobiliarias que se considera necesario investigar. Las fuentes informantes se han negado a facilitar ningún nombre, razonando que el contenido del informe se basa en presunciones sobre las que se aportarán o no pruebas en una segunda fase de la investigación, que en algunos casos se está realizando ya en estos momentos.
La iniciativa policial destinada a explorar las actividades de ciertos grupos de extranjeros que residen en la Costa Brava surgió de un primer documento elaborado por el Gobierno Civil de Gerona a principios de año. Aquel primer análisis se realizó como consecuencia de "los insistentes rumores y expeculaciones que circulaban sobre la presencia de importantes delincuentes internacionales en la zona", explicó ayer el gobernador civil, Miquel Solans. Este, al pedirle que valorase el resultado de la investigación practicada, manifestó que "confirma aquellas presunciones y apunta la presencia de un panorama muy sombrío".
Los datos obtenidos hasta ahora corresponden tan sólo a la zona norte de la Costa Brava, al área comprendida entre los municipios de Port-Bou y L'Escala. Los investigadores consideran que su situación geográfica lindante con Francia y sus excelentes comunicaciones por tierra, mar y aire hacen a esta zona especialmente atractiva para ser utilizada como base de operaciones para todo tipo de actividades delictivas. A este hecho hay que añadir el "insuficiente" control policial de fronteras y fiscal existente.
Los lugares que se citan con mayor frecuencia en el documento son la urbanización Ampuriabrava y las localidades de Roses, Cadaqués y L'Escala. En Roses los investigadores han localizado "gran diversidad de establecimientos abiertos regentados por extranjeros, de los que no existe expediente en el ayuntamiento".
La urbanización Ampuriabrava es el punto que "merece más atención policial". Esta calificación se debe a su especial configuración con un gran puerto deportivo, numerosos canales y un aeródromo que no pueden ser controlados debidamente con los medios de que se dispone en la actualidad. La Policía sospecha que las instalaciones del aeródromo "están siendo utilizadas para la comisión de hechos delictivos", como el tráfico de divisas y estupefacientes. Asimismo, considera que "podría tener implicaciones con actividades delictivas la existencia de potentes antenas de radioaficionado no sujetas a control suficiente".
La investigación policial se ha detenido especialmente en las empresas inmobiliarias que "son dirigidas por extranjeros aunque legalmente figura como propietario un español". Se presume que las mismas "confeccionan contratos privados, verbales incluso, de alquileres y ventas que hacen imposible el control de las personas que adquieren o alquilan una vivienda".
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