El Tribunal de Cuentas abre varios juicios a gestores públicos por irregularidades contables
El Tribunal de Cuentas, en aplicación de la función fiscalizadora y jurisdiccional que le confiere la ley, tiene abiertos varios juicios de cuentas a responsables de organismos del Estado o de empresas públicas. Los procedimientos iniciados hasta ahora, cuyas sentencias se publicarán en breve, son al menos cuatro, y en uno de los casos se están delimitando las posibles responsabilidades de gestores de una empresa pública que no pertenece a la esfera del INI. Las auditorías del Tribunal de Cuentas son uno más de los numerosos controles a que están sometidas las empresas y organismos del Estado. Las empresas del sector público soportan cada año entre 8 y 12 controles financieros efectuados por instancias diferentes.
La responsabilidad que se determine en los juicios iniciados por el Tribunal de Cuentas, es siempre de carácter personal, ya que si el organismo en el que se detecte el mal empleo de los fondos públicos fuera quien debiera reponer éstos, la sociedad no recuperaría el dinero malgastado, según señaló Andrés Suárez, consejero de este tribunal, en el curso que sobre la reforma de la empresa pública se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. El consejero del Tribunal de Cuentas señaló que, en breve plazo, se abrirán nuevos juicios sobre responsabilidades contables de representantes del sector público, una vez completada toda la información necesaria.No obstante, Andrés Suárez precisó que es imprescindible una extremada prudencia a la hora de abrir juicios de este tipo, cuya finalidad es establecer si el dinero público ha sido utilizado en los fines para los que fue concedido. Las exigencias del Tribunal, sin perjuicio de la responsabilidades penales en que pudieran incurrir los gestores públicos, se limitan al reintegro del dinero por parte de los funcionarios negligentes. La aplicación estricta de la ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de 1982, que recoge la función jurisdiccional además de la fiscalizadora, .quizás hubiera creado en Espa¡la una auténtica revolución", dijo.
Reintegro por alcance
Aparte de los juicios de cuentas, es muy frecuente el procedimiento de reintegro por alcance, por medio del cual el funcionario que incurre en mala gestión de la propiedad pública, reintegra el dinero que adeuda al Tesoro público.El debate sobre el control y eficiencia de la gestión ocupó la parte central de las ponencias, una vez presentada la grave situación que atraviesa la empresa publica española y la necesidad de llevar a cabo una reforma que permita corregir tanto el sobredimensionamiento como los déficit de explotación y la grave descapitalización que padecen. En 1983, las empresas del sector público presentaron un balance conjunto de pérdidas por 165.000 millones de pesetas, que referidas excluivamente al INI se elevan a 190.000 millones.
El catedrático Álvaro Cuervo, director del curso, propuso una mayor autonomía y eficacia en la gestión como bases sobre las que debe asentasrse la nueva ordenación de la empresa pública. Matizó, no obstante, que una parte de las pérdidas, además del interés social que prima en algunos servicios sobre la obtención del beneficio, hay que imputársela a la subordinación de las empresas públicas con respecto a las privadas.
Más que el sobredimensionamiento del sector público español, cuyo tamaño es inferior a la media de los países de la CEE, el problema radica en las pérdidas que registra y las subvenciones que el estado se ve obligado a aportar. En este sentido, José Antonio Segurado, presidente de la patronal madrileña CEIM, aseguró que el déficit público español no existiría, solo con que el Estado no hubiera realizado ninguna transferencia a las empresas públicas desde 1977.
