El Supremo decide procesar por presunto cohecho a dos magistrados de primera instancia de Barcelona

La Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó ayer el procesamiento por un presunto delito de cohecho de los magistrados de Barcelona Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y Joaquín García Lavernia y del ahogado Luis Lorenzo-Penalva de Vega; hermano del primero. El Supremo decretó también la suspensión provisional en sus funciones de los dos magistrados, titulares de los juzgados números 2 y 6 de primera instancia de Barcelona, pero no ha accedido a la petición del fiscal de que ingresaran en prisión. Ésta es la primera vez en lo que va de siglo que el Supremo procesa a dos magistrados.

La decisión del Supremo tiene su origen en la querella interpuesta por el fiscal general del Estado, en mayo de 1983 en la que se señalaba que los dos magistrados citados se pusieron de acuerdo con Luis Lorenzo-Penalva y Pedro Truyás para designar a sus amigos como interventores, comisarios o depositarios de los procedimientos de suspensión de pagos o quiebras que se siguieran en sus respectivos juzgados, a cambio de un porcentaje en las ganancias. Los dos magistrados seguían hasta ayer -14 meses después de descubierto el escándalo- en sus cargos. El Supremo ha considerado ahora que existen indicios racionales de criminalidad en la actuación de ambos magistrados y en la del abogado procesados.El alto tribunal no accedió al procesamiento por prevaricación de los dos magistrados ni al procesamiento por cohecho de otros seis profesionales del Derecho, procesamientos que también habían sido solicitados por la Fiscalía General del Estado. Uno de estos letrados, Antonio Capmany, ya ha fallecido.

El Tribunal Supremo no quiso facilitar a los medios informativos el auto de procesamiento de los magistrados, alegando que pertenece al secreto del sumario. Esta negativa ha causado sorpresa pues en causas tan importantes como las de Rumasa o la colza, siempre se ha facilitado a la Prensa este tipo de resoluciones.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Cándido Conde Pumpido, al que también se solicitó una copia del citado auto, y lo negó por idénticos motivos, no pudo menos que sonreír cuando se le puso de manifiesto este extremo.

Conde Pumpido explicó a los periodistas que la Sala Segunda del Supremo había accedido a la ampliación de prueba solicitada por la Fiscalía. Esta ampliación consiste en dos pruebas periciales, una de ellas, el cotejo de las escrituras de todas las personas que trabajan en el despacho del abogado procesado, y la otra, una ampliación del informe de los peritos contables. También ha sido aceptada una ampliación de la prueba policial. Estas pruebas, una vez practicadas, deberán ser aportadas a la causa que instruye el magistrado de la Audiencia de Barcelona Casto Fernández Fresneda. Conde Pumpido, al que el auto de procesamiento le había sido notificado en su cali-dad de fiscal de la causa, comunicó el resultado del mismo al fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón.

Las irregularidades en la designación de interventores, comisarios y depositarios de los procesos de suspensión de pagos y quiebras fueron detectadas en julio de 1982. Las investigaciones se iniciaron por parte de la Guardia Civil, la policía y la sección disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Al poco tiempo se descubrió que los titulares de los juzgados 2 y 6 de primera instancia de Barcelona designaban en numerosas ocasiones para las funciones citadas al personal del gabinete jurídico de Luis Lorenzo-Penalva.

Querella del fiscal

En mayo de 1983, el fiscal del Estado interpuso querella contra los magistrados y otros seis profesionales del Derecho citados, a los que acusaba de cohecho. La querella mencionaba que los magistrados se pusieron de acuerdo con el hermano de uno de ellos y Pedro Truyás "para proceder a nombrar a dichos querellados o a sus colaboradores de despacho Juan Magrí, Fernando Sánchez y Gloria Viñals como interventores, comisarios o depositarios de las suspensiones de pagos y quiebras que se siguieran en sus respectivos juzgados, a cambio de un porcentaje en las ganancias que de tales nombramientos pudieran producirse".

El fiscal añadía que ambos magistrados recibieron en junio y julio de 1982 ocho talones, por un importe total de 9.377.468 pesetas. Estos talones obtenidos a raíz de las irregulares designaciones de interventores, comisarios y depositarios fueron ingresados en una cuenta del Banco de Santander.

La querella instaba a la investigación de 13 suspensiones de pagos y siete quiebras. Entre las primeras figuraban las de Mundo Ediciones, Inmobiliaria Grupo Mundo, Hilaturas del Sureste, Esmaltes, Pinturas y Barnices, SA, y Electrónica Publitel y Construcciones Coronado. Entre las quiebras cabe destacar las de Juan Carlos Muntadas, Editorial Gassó Hermanos, Este Holding, SA, y Editorial Eco.

La petición de procesamiento de los magistrados y los seis profesionales del Derecho fue remitida a la Sala Segunda del Supremo por la Fiscalía del Estado el pasado 18 de junio.