Del 'fondo de reptiles' al dinero asignado por ley en el Parlamento
En los primeros tiempos de UCD se conocía el fondo de reptiles como el mecanismo por el que el Gobierno o destacados miembros del mismo concedían subvenciones o ayudas a fondo perdido tanto a personas físicas como jurídicas en el ámbito de la Prensa. Aunque el Gobierno negó oficialmente que existieran estas ayudas de carácter claramente discriminatorio, oficiosamente se sabía incluso hasta las partidas concretas que se destinaron a estos favores. Fueron publicadas y nadie las desmintió.
En 1979 comenzaron a aparecer en el Boletín Oficial del Estado las primeras ayudas institucionalizadas que se repartían en los tres conceptos ya clásicos de difusión, papel prensa y reestructuración o reconversión. De los 1.800 millones de pesetas de subvenciones en 1979 se ha pasado a los casi 3.000 millones en 1983, año en el que por primera vez se han concedido por una normativa que tiene rango de ley.
El paso siguiente, que está a punto de concluir con la tramitación de urgencia en el Senado, es el de la promulgación de la ley reguladora de la concesión de subvenciones a empresas periodísticas y a agencias informativas. En su paso por el Congreso de los Diputados este proyecto de ley, que será uno de los que configurará en la parte que le corresponda la nueva legislación que prepara el Gobierno sobre la Prensa, ha provocado fuertes debates. Incluso su tramitación en el Senado por el procedimiento de urgencia ya ha sido criticada por los representantes del Grupo Popular.
Críticas a la retención de las deudas
Uno de los puntos que más oposición han encontrado entre los parlamentarios de la derecha es el incluido en el artículo tercero del proyecto, que señala que "sí al tiempo de solicitar la ayuda por difusión la empresa periodística o agencia informativa tuviere contraídas obligaciones frente a la Hacienda Pública, Seguridad Social o instituciones oficiales de crédito, en virtud de deudas vencidas, líquidas y exigibles, la Administración aplicará al pago de dichas obligaciones el total importe de la ayuda que corresponda en concepto de difusión. El exceso resultante, en su caso, se entregará a la agencia o empresa en forma de subvención".Según fuentes de la Administración el 31 de diciembre de 1983 las empresas periodísticas españolas debían en su conjunto, sólo a la Seguridad Social, 4.127.475.848 pesetas en deuda vencida, líquida y exigible. La deuda aplazada era en esta misma fecha de 711.445.788 pesetas. Existían también deudas de menos cuantía a la Hacienda Pública, y otras referidas a créditos oficiales.
Muy pocas empresas periodísticas se libraban de tener alguna deuda con el Estado, según las mismas fuentes. Para algunos expertos pesimistas, si se ejecutara la deuda que tienen adquiridas las empresas periodísticas con la Seguridad Social podría desaparecer o ser embargado por el Estado el 23% de los periódicos españoles.
El tema de las ayudas del Estado a la Prensa preocupa también en gran manera a los editores españoles, como lo han puesto de manifiesto recientemente en su última asamblea, celebrada el mes pasado en Santander y que fue dedicada, entre otros, al tema de las subvenciones.
Los editores miembros de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) felicitaron al Gobierno por el proyecto de ley de ayudas, "porque se da una seguridad jurídica a las subvenciones", pero mantuvieron sus reservas sobre el principio de deducir las deudas de las ayudas concedidas. También se han referido de una forma crítica al " carácter genérico de la ley" y a la "debilidad de las ayudas", "porque la única que crece es la ayuda al papel, pero esto beneficia a las papeleras y no a las empresas periodísticas".
