Reajuste o crisis

PARECE QUE el presidente del Gobierno se dispone a cambiar la composición del equipo ministerial por él mismo designado en diciembre de 1982. Los asesoramientos requeridos por Felipe González no han rebasado un estrecho círculo de colaboradores, y los criterios de los posibles o probables ceses no reflejarían una modificación sustancial de la política hasta ahora seguida por el Ejecutivo. ¿Por qué, entonces, se produciría precisamente ahora, con el recuerdo de las crisis veraniegas de otros tiempos, y no durante los meses anteriores, esa decisión? Tal vez la causa haya que buscarla en el deseo de los socialistas de, batir la marca de estabilidad gubernamental durante la etapa iniciada con la proclamación de don Juan Carlos como Rey de España. Pero si tal fuese la explicación de que Felipe González haya conservado en sus puestos a responsables de carteras que han demostrado desde hace tiempo su incapacidad, no resultaría fácil disculpar al presidente por haber incumplido su firme promesa, expresada durante la campaña electoral, de destituir a los inútiles tan pronto como sus desaciertos quedaran refrendados por los hechos.A diferencia de las crisis ministeriales realizadas durante la segunda legislatura por Adolfo Suárez, que reflejaban las tensiones del Grupo Parlamentario Centrista y las incesantes conjuras dentro de UCD, la modificación del actual Gobierno dependerá exclusivamente de las ideas y de la voluntad de Felipe González, que dispone de una desahogada mayoría en las Cortes y que no tiene que enfrentarse con las emboscadas de los barones -inexistentes o carentes de poder- de su partido. Esa circunstancia carga de incertidumbre cualquier pronóstico, tanto por la imposibilidad de adivinar los pensamientos del presidente del Gobierno como por el riesgo de que las especulaciones en, torno a los cambios ministeriales puedan interferir en el desarrollo de algunas decisiones teóricamente ya tomadas. En este sentido, una influencia de la opinión pública sobre el resultado final de las deliberaciones de Felipe González podría ser, paradójicamente, la eventual resaca producida por la marea de conjeturas de estos días y por el gusto de los políticos por sorprender o contrariar a quienes se dedican a predecir sus comportamientos.

En cualquier caso, el punto de mayor interés se centra en el alcance propiamente político de esas medidas, que lo mismo podrían provocar una auténtica crisis de Gobierno, con la significativa sustitución de los titulares de algunas carteras claves, que un simple reajuste ministerial, destinado a destituir a los responsables de departamentos que hubieran fallado de manera clamorosa o hubiesen colisionado con colegas más poderosos. Lo más probable, en función de las informaciones disponibles, es que Felipe González se incline por una remodelación pequeña y no significativa. De resultar acertado ese pronóstico, el reajuste ministerial se produciría antes de las vacaciones veraniegas, a fin de que los nuevos miembros del Gobierno puedan familiarizarse con los problemas de su departamento durante las próximas semanas y colaborar en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 1985. Entre las razones de ese reajuste técnico figurarían, de un lado, las insuficiencias, de algunos ministros, y, de otro, los conflictos surgidos dentro de determinadas áreas de gobierno -fudamentalmente la económica como consecuencia de las resistencias mostradas por miembros secundarios del Gabinete a la hora de cumplir las directrices recibidas. El despiste del ministro de Administración Territorial dentro de su campo de competencias o las torpezas del ministro de Transportes y Comunicaciones podrían servir respectivamente como, ejemplos (le ambos supuestos. Sin embargo, esa caracterización de los cambios gubernamentales como un simple reajuste podría solaparse o incluso variar de sentido en el caso de se introdujeran otras variantes. Siguiendo por la vía del ejemplo, que Enrique Barón cediera su puesto a Ernest Lluch como ministro de Transportes y que un secretario de Estado ocupase la cartera de Sanidad no tendría mayor significación política, aunque esas medidas beneficiaran a los administrados. Ni siquiera merecería la denominación de crisis el que Tomás de la Quadra fuera sustituido. El eventual sacrificio de Almunia o de Solchaga -reciclando sus funciones en otras zonas del aparato del Estado- para conseguir mejores niveles de entendimiento con UGT no representaría un viraje estratégico de la política económica gubernamental sino un acomodo para aliviar las deterioradas relaciones con la central socialista. Pero si la ola del cambio -que no puede ya ser tan grande como la descrita a título de simples ejemplos, pues se habla siempre de una crisis corta-, alcanzara a Fernando Morán como ministro de Asuntos Exteriores -sin duda el ministro con peor entendimiento con el resto de sus compañeros de Gabinete- marcaría una ruptura de políticas y actitudes. Aunque el venidero éxito del ingreso de España en la CEE se deberá en buena medida a los esfuerzos desplegados por el presidente del Gobierno y el secretario de Estado para las Relaciones con Europa, ese logro histórico se podría inscribir , también en el activo oficial del ministro de Asuntos Exteriores que oficialmente dirige la negociación (y no olvidemos que Morán fue precursor y defensor de la política de buena vecindad con Francia). Las actitudes de Morán respecto a la OTAN y la definición confusa de la política exterior en otras áreas señalan sin embargo las distancias -por más que se nieguen- que le separan de algunos de sus colegas con resonante importancia en el Gobierno. Por eso un dato políticamente significativo de los eventuales cambios, capaz de transformar el significado de un mero reajuste ministerial hasta convertirlo en una auténtica crisis, sería precisamente la cartera de Exteriores. Si los pasillos no mienten, la respuesta a esta interrogante está próxima.