El Congreso aprueba el PEN con una enmienda pactada para reconsiderar la moratoria nuclear

El Congreso aprobó ayer el Plan Energético Nacional (PEN) de 1983 con una enmienda transaccional, apoyada por todos los grupos, que establece un mecanismo de revisión de la moratoria nuclear a principios de 1985. La mal denominada fórmula de revisión obliga al Gobierno a presentar anualmente al Parlamento un informe sobre la evolución de las previsiones del PEN y sobre si se han producido cambios significativos y estructurales en ellas. Sin embargo, el sistema de revisión es discrecional, y no automático como esperaban las eléctricas.

La introducción de una enmienda transaccional, negociada entre todos los grupos parlamentarios, sobre el punto más polémico del programa energético socialista permitió aliviar la fuerte tensión acumulada en los debates previos en comisión sobre la moratoria nuclear que el Gobierno propuso al Parlamento, y que afectaba a cinco centrales en construcción. Para el Grupo Popular, que refirió a esta cuestión sus principales ataques al PEN, la enmienda transaccional "flexibiliza en parte" los objetivos y previsiones del plan energético gubernamental, ya que permitirá que, de existir un distanciamiento entre lo previsto y la evolución del consumo energético, pueda corregirse sobre la marcha.La mal denominada cláusula de revisión (en la enmienda transaccional no figura la palabra revisión e incluso el ministro de Industria la calificó de "mero seguimiento") obliga al Gobierno a remitir anualmente al Congreso de los Diputados un informe sobre el cumplimiento de las actuaciones energéticas contenidas en el plan, para su evaluación posterior por la Comisión de Industria del Congreso. En el primer informe, que deberá remitirse en el primer trimestre de 1985, el Gobierno fijará "un conjunto de criterios que permita evaluar la evolución de la demanda energética en todos sus componentes y correlacionarla con el estado de realización de los objetivos de ahorro y conservación de la energía y con las principales magnitudes económicas, así como obtener un más eficaz seguimiento por la Cámara de la ejecución del plan".

En este sentido, la cláusula añade: "Si de esta revisión anual resultara un crecimiento del consumo eléctrico superior al previsto en el PEN-83 en una magnitud significativa y en períodos sucesivos y se confirma que tal desviación es estructural, se procederá a preparar la reactivación de centrales paralizadas o la instalación de otras alternativas. La decisión se adoptará sobre la base de los menores costes de suministro, entendiendo por costes los que la Administración reconoce a efectos de la determinación de tarifas eléctricas".

Manos libres del Gobierno

Tal como ha quedado la cláusula, el Gobierno se encuentra con las manos muy libres para modificar o mantener a su antojo la actual moratoria nuclear, aunque en medios parlamentarios se indicaba que la mera aceptación de un aparente pacto sobre el asunto supone que el Gobierno asume un compromiso moral de reconsiderar periódicamente la cuestión. No obstante, el Gobierno se ha cuidado mucho, como ya hizo en el mismo proyecto del PEN, de comprometerse a reanudar la construcción de una central nuclear paralizada (tal es el caso de Valdecaballeros 1) o de pronosticar si esta central será de origen nuclear o de otro tipo de fuente energética.

El largo debate sobre el PEN, que se prolongó durante toda la jornada de ayer en el último Pleno ordinario previo a las vacaciones veraniegas, se centró más en las negociaciones que discurrían en los pasillos de la Cámara que en el debate. Estas negociaciones entre todos los grupos parlamentarios permitió que se presentaran, aparte de la propuesta transaccional ya mencionada, otras varias acordadas por todos los grupos parlamentarios, y que hacían referencia a otros aspectos menos importantes contenidos en el PEN. Quizá la más importante fue la que insta al Gobierno a que en un plazo breve instrumente las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de ahorro contenidos en el PEN, y que éste estima en 10 millones de toneladas equivalentes de carbón, es decir, un 10% aproximadamente del consumo global de energía.

Otras propuestas transaccionales se refieren a la mayor participación de las comunidades autónomas en la labor de desarrollo y el cumplimiento de los objetivos fijados, a la mayor participación y responsabilidad del sector público en esta labor, a la necesidad de que el Gobierno precise más profundamente sus programas de investigación y desarrollo tecnológico y a la necesidad de conectarse con la red de gasoductos europeos.