Todos los colectivos de funcionarios, contra el modelo de carrera administrativa previsto en el proyecto del Gobierno

La carrera administrativa diseñada en el proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública ha suscitado la protesta general de todos los sindicatos y colectivos de funcionarios de la Administración pública española. Considerada como el eje central de la reforma, la carrera administrativa establece no sólo la fusión. de cuerpos y escalas, grados y niveles, sino también los criterios de ascenso de los funcionarios. La exigencia de titulación académica como requisito imprescindible para el acceso y la promoción en el empleo público ha sido la causa del enfrentamiento directo, por primera vez desde la toma de posesión del Gobierno, entre la central socialista Unión General de Trabajadores (UGT) y el Gabinete de Felipe González.

La exigencia de la titulación es un asunto que no convence a casi nadie. En el seno de los grupos parlamentarios socialistas, del Congreso y del Senado, se han alzado fuertes críticas a este requisito, que ha provocado un serio debate interno. Sólo la férrea disciplina del partido en el poder ha evitado que las discrepancias tuvieran otra consecuencia que el trágala silencioso de muchos parlamentarios.El propio ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, y el secretario de Estado para la Función Pública, Francisco Ramos, llegaron a aceptar, a instancias de UGT, un tímido sistema mixto para permitir un ascenso de dos.grados en determinados casos, sin necesidad de titulación académica. Tras manifestar su conformidad a los sindicalistas, Moscoso elevó la cuestión, al Consejo de Ministros, donde fue rechazada sin posibilidad de apelación. Así se lo comunicó el ministro a la representación de UGT, y así también el sindicato socialista decidió convocar una huelga y posterior concentración en contra del Gobierno y su proyecto. Esta circunstancia produjo la peculiar situación de que algunos parlamentarios defendieron la ley en el Congreso y horas después se sumaron a la manifestación de protesta.

También CC OO se ha manifestado contra el proyecto, aunque, sin llegar a la afirmación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que considera la concepción del Gobierno sobre la carrera administrativa como "una carrera de obstáculos".

Los sindicatos integrados en la Plataforma Sindical Independiente rechazan también el texto del Gobierno, pero no por la exigencia de titulación, sino por entender que "no existe en ese proyecto la carrera administrativa, porque todo se queda en manos del Gobierno", según Rafael Heras, presidente de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (FEDECA).

Reducción de cuerpos y escalas

Heras acusa personalmente al ministro Moscoso, a Francisco Ramos y al líder de UGT de Administración, Justo Zambrana, de haber diseñado una carrera administrativa que les permite obtener una situación profesional "que por méritos personales no conseguirían nunca". Los aludidos rechazan esta acusación, y recuerdan que tienen todos los correspondientes títulos universitarios y las oposiciones debidamente superadas.

El proyecto de ley reduce el intrincado sistema de cuerpos y escalas de los 939 actuales a 72; crea dos nuevos cuerpos -el de gestión, para diplomados universitarios, y el de inspectores laborales- y declara a extinguir cinco cuerpos del Ministerio de Cultura, entre ellos, el de censores cinematográficos y de Prensa inactivos desde la llegada de la democracia. El proyecto establece criterios objetivos -especialmente el requisito indispensable de la titulación académica- para la promoción, y permite la movilidad de un puesto de trabajo a otro similar sin necesidad de oposición previa. Esta última cuestión ha preocupado sobremanera a una buena parte del funcionariado. Unos, por creer que se "mixtificará" el cuerpo al que pertenecen. Otros, por entender que pueden ser trasladados de una provincia a otra.

El ministro Javier Moscoso afirmó recientemente a este periódico que el Gobierno socialista ha recibido una Administración en la que "no hay ni un solo ascenso que no se haya producido a dedo. Lo repito: ni uno solo", y aseguró que con el proyecto de ley de Reforma de la Función Pública "se crea la carrera administrativa de forma tal que los funcionarios podrán llegar a todos los puestos, menos a los de designación por Consejo de Ministros, por promoción profesional". Para Javier Moscoso, "tienen derecho a pedir la inamovilidad en el puesto de trabajo los que han llegado a él por criterios de profesionalidad, pero el que llegó a dedo no tiene ningún derecho a pedirlo".

Por su parte, medios de la Administración socialista critican que no se permita ascender mediante unas oposiciones "Es absurdo", comentaba un alto cargo del PSOE, "pensar que un buen técnico administrativo no pueda especializarse en alguna materia que, tras aprobar la oposición, le permita desarrollar funciones de mayor responsabilidad".

Francisco Velázquez, jefe de gabinete del secretario de Estado para la Función Pública, asegura que la exigencia de titulación obedece a "razones de coherencia". "Si se pretende revalorizar la preparación académica en toda la sociedad española", señaló, "es lógico que se sea consecuente en la Administración pública". No obstante, los pocos socialistas que defienden el requisito de la titulación recuerdan el caso de cierto presidente de uno de los siete grandes bancos españoles que comenzó de botones. "En la Administración", concluyen, "ese influyente señor no hubiera pasado de auxiliar, salvo que se hubiera matriculado de cualquier cosa en la universidad".