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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Médicos y enfermos

LAS RECIENTES elecciones celebradas en el Colegio de Médicos de Madrid, cuyas irregularidades han sido de nunciadas por algunas de las Candidaturas derrotadas en las urnas, han puesto de relieve los conflictos de intereses -profesionales, corporativos y de política sanitaria- que dividen a los profesionales que tienen confiada la salud de los españoles. Los comicios del Colegio de Madrid, en el que se hallan inscritos casi 20.000 médicos, se celebraron en el vórtice de una acalorada discusión en tomo a la ley de Colegios Profesionales y a los proyectos de reforma anunciados por el ministro de Sanidad, Ernest Lluch. No en vano estas dos cuestiones fueron el eje sobre el que giró la campaña de los candidatos. Una consecuencia de este polémico planteamiento fue el notable aumento del interés de los médicos por las elecciones. En contraste con los bajos porcentajes de participación habituales, situados en torno al 25% del censo, en esta ocasión votaron casi un 40% de los profesionales con derecho a sufragio.Sin necesidad de aguardar al recuento definitivo de los votos por correo, cabe adelantar que la victoria ha correspondido, con algo menos de la mitad de los votos, a la plataforma que defendía los planteamientos corporativistas más radicales y que se opuso frontalmente, bajo el padrinazgo del presidente de la Organización Médica Colegial, Ramiro Rivera, a la reforma de las obsoletas estructuras sanitarias de este país. Sin embargo, estas elecciones, convocadas y gestionadas por la junta de gobierno, a la vez juez y parte en la contienda, han registrado prácticas nada democráticas, que sólo han conseguido dañar la imagen global de la profesión médica. Resulta difícil ocultar u olvidar el lamentable espectáculo que ofreció el presidente de la Organización Médica Colegial, Ramiro Rivera, al tomar partido por una candidatura un día antes de las elecciones y al descalificar a otras candidaturas que concurrían a las urnas.

Ha quedado claro que el colectivo médico se halla lejos del monofitismo y de la homogeneidad que la derecha autoritaria, deseosa de instrumentar con finalidades partidistas los conflictos profesionales sectoriales, pretende hacer creer con sus monótonas campañas. En estas elecciones se han enfrentado, como lo hacen a diario en ambulatorios, clínicas y hospitales, concepciones muy diferentes, e incluso contrapuestas, sobre el trabajo profesional y las funciones que corresponden a los médicos. Aunque en ese pulso entre diferentes tendencias haya vencido la postura más conservadora, sería arriesgado identificar a todos los que han votado a favor de la candidatura del doctor Javier Matos, que se presentaba a la reelección tras un mandato pobre en resultados, como profesionales de la derecha más pura y dura. En esa orientación de voto ha influido también el desconcierto de muchos médicos ante las indefiniciones y las vacilaciones de la política de la actual Administración de sanidad. Es significativo que en la mayor parte de los centros hospitalarios de la Seguridad Social la opción de Matos haya conseguido el voto del 50% de los médicos que trabajan para el Estado.

La profesión médica no puede aspirar a que los intereses corporativos prevalezcan sobre la mejora de las prestaciones sanitarias que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos. Los intereses de los médicos merecen gran atención, pero sólo en un marco que incluya la defensa de los derechos del enfermo y la correcta administración de los recursos presupuestarios, que proceden de todos los contribuyentes. La plataforma corporativista oculta, bajo consignas en favor de la libertad, el propósito de incrementar sustancíalmente los ingresos colectivos de la clase médica que presta sus servicios en el sector público a costa del resto de la sociedad. Las recientes elecciones han mostrado la existencia de un amplio sector de médicos capaz de superar planteamientos gremiales y de apostar por una sociedad mas justa: de apoyar las reformas sanitarias que la modemización del país, la salud de los españoles y la mejor administración de los recursos comunes exigen.

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El Gobierno tiene pendiente una ley sobre la Sanidad, prometida por el programa electoral del PSOE. La ley de Bases todavía vigente es uno de los instrumentos normativos procedentes del anterior régimen de más antigua fecha. Promulgada el 26 de noviembre de 1944, conserva en su articulado buena parte del espíritu de esa época, incluidas las referencias al Movimiento. Aunque sólo fuera por la necesidad de adecuar ese curioso diplodocus a los principios y a la terminología constitucionales, parece inexcusable que el Gobierno acelere el envío al Congreso de una ley de Sanidad acorde con los nuevos tiempos.

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