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La justicia castrense procesa al general Bignone, último presidente militar de Argentina

El general de división retirado Reynaldo Bignone, presidente de la última Junta Militar argentina, será juzgado por tribunales castrenses por sus supuestas responsabilidades en la desaparición de tres soldados en 1976 del Colegio Militar de la Nación que entonces dirigía el jefe del Estado que entregó el poder a los civiles.Bignone fue detenido y procesado por el juez de instrucción Carlos Oliveri, quien investiga la desaparición de los soldados Daniel García, Pablo Steinberg y Mario Molfino. Algunos testigos presenciales afirmaron que recibieron atención médica previa a la tortura en el propio Colegio Militar y que Bignone admitió ante terceras personas que la desaparición de dichos soldados fue debida a un error de información. "En toda guerra siempre hay víctimas inocentes", comentó.

El abogado del presidente, un ex ministro de Justicia de la dictadura, apeló a la Corte Suprema reclamando el fuero militar para su defendido. Por mayoría simple la Corte accedió a la petición, teniendo en cuenta las reformas recientemente introducidas en el Código de Justicia Militar, que hacen revisables todas las sentencias por la justicia civil federal.

Reynaldo Bignone, detenido en Campo de Mayo (cuartel general del Ejército argentino en las proximídades de Buenos Aires) ha quedado así a disposición del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, máximo tribunal militar y se considera inminente su puesta enlibertad provisional a la espera de su juicio. Sus camaradas de armas serán, sin duda, más clementes con él que un juez federal, aunque también debe considerarse que Bignone, a la postre, fue la imagen de la transición a la democracia, que ha sido siempre un militar profesoral y que, al margen de sus presuntos delitos, no personifica la barbarie militar argentina.

Tras el fallo de la Corte Suprema puede seguir los mismos pasos la causa contra el ex presidente, teniente general retirado, Roberto Eduardo Viola -sucesor de Videla y predecesor de Galtieri-, por la desaparición de Alfredo Giorgi, miembro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

La detención de Viola se basa en un documento firmado por él y facilitado a la justicia civil por el Ministerio de Defensa, en el que el ex presidente ordena, en mayo de 1979 en una directiva secreta, "...la acción militar directa para proceder a la detención y/o eliminación de elementos marxistas, ideólogos y activistas...".

Por otra parte, se ha aplazado por 30 días la publicación del informe final de la Comisión Nacional Sobre Desaparición de Personas, que preside el escritor Ernesto Sábato. La demora se debe a la necesidad de armar la voluminosa documentación recabada, que servirá para precisar las circunstancias de la desaparición de al menos 10.000 personas.

El pantano judicial es de considerable profundidad, especialmente si se tiene en consideración el entrecruzamiento de las causas militares con las civiles. Hasta el momento los procesamientos incoados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas -tanto los relativos a la guerra sucia, como los que atañen a la pérdida de la guerra de las Malvinas- amenazan con eternízarse en su fase sumarial. El presidente Alfonsín ha impartido instrucciones para que se agilicen los procesos.

No obstante, una cierta lentitud puede ser bien considerada desde el Gobierno y la oposición peronista para dar tiempo a que cicatricen algunas heridas y para que los juicios no se vean en un clima revanchista. Otro elemento de preocupación es que la hipotética dulzura de las sentencias castrenses puda ser apeladas ante la justicia federal, orginando un nuevo enfrentamiento entre la sociedad civil y la militar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 24 de junio de 1984