El director de Administración Local considera "ilegal" la política del PNV sobre secretarios municipales

El director general de Administración Local, Mariano Benitez de Lugo, calificó ayer la política del PNV acerca de los secretarios de Ayuntamiento de Iamentable y absolutamente ilegal". Esta dirección general", añadió, "atendería, en su caso, aquellas impugnaciones razonadas, por ejemplo, en base a la realidad sociolingüística de la comarca, pero lo que no puede admitirse en un Estado de derecho es el rechazo frontal a la legalidad vigente".Benítez de Lugo, que asistió en la tarde del miércoles a los funerales, en Lekeitio (Vizcaya), en memoria del secretario de los ayuntamientos de Ea e Ispáster, Manuel González Vilorio, afirmó en esta localidad que está convencido de que el asesinato de Manuel González repercutirá en los traslados de funcionarios del Estado a la comunidad autónoma vasca. "Yo creo que si tal vez no influya directamente en los funcionarios que estén hoy en el País Vasco, en un mes se verá cómo ha repercutido en aquellos que hubieran optado por solicitar una plaza aquí".

En este sentido, Benítez de Lugo opinaba que si bien "no puede hablarse de culpabilidad del PNV", con el posible rechazo de aquellos funcionarios del Estado a trasladarse al País Vasco, se cumplirá uno de los objetivos de este partido.

En la actualidad son más de 30 los municipios vascos que se han opuesto a lo acordado en la ley de Régimen Local. Ayer mismo se sumaban al plante nacionalista las corporaciones guipuzcoanas de Andoain e Irún, si bien esta última localidad, de alcalde socialista, presentaba unas objeciones al funcionario del Estado de carácter técnico, tales como el que sólo hubiera un candidato para optar a la plaza y por tanto esta corporación no pudiera ejercer su derecho de valoración contemplado en la nueva ley de Régimen Local. Este Ayuntamiento está compuesto por 10 miembros del PSE-PSOE, ocho del PNV, dos de HB, dos de Euskadiko Ezkerra, dos de AP y un independiente.

Como se recordará, el conflicto de los secretarios arranca desde que, el 7 de abril de 1983, una sentencia del Tribunal Constitucional -en respuesta a un recurso presentado por el Gobierno vasco en agosto de 1981- dictaminara que el nombramiento de los secretarios de Ayuntamientos competía al Estado.

Los nacionalistas, que se remitían al artículo 10.4 del Estatuto de Autonomía vasco, que atribuye a la comunidad autónoma competencia exclusiva sobre régimen local, iniciaron desde entonces sendas acciones de protesta en los ayuntamientos vascos, optando, en aquellos en los que el PNV era mayoría, por no dar posesión de su cargo a los funcionarios que habían obtenido su plaza por concurso-oposición.

La nueva ley de Régimen Local, que desaprueba el Gobierno vasco permite a cada corporación local la formación de un tribunal nombrado en su seno para la evaluación de candidatos. Sin embargo, el nombramiento será competencia de la Administración del Estado, a la que el tribunal formulará la correspondiente propuesta "e incluirá los nombres por el orden de calificación obtenida". Otra concesión importante es la que faculta al Ayuntamiento el 25% de la puntuación en los concursos de plazas de secretarios e interventores.