El Congreso aprueba la ampliación del seguro de desempleo desde 18 a 24 meses

La cobertura del seguro de desempleo se ampliará de los 18 meses máximos actuales a 24 meses, cuando entre en vigor la ley Básica de Empleo aprobada ayer por el pleno del Congreso de los Diputados. En los capítulos finales de la ley aprobados ayer se recoge también el derecho de los parados a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social tras el agotamiento de plazo del subsidio por desempleo.

Para mantener el derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social el desempleado deberá continuar inscrito en una oficina de empleo, no haber rechazado una oferta de colocación, carecer de rentas familiares superiores al salario mínimo interprofesional y no tener derecho a asistencia por cualquier otra causa.El cuadro de mejoras de la ley recoge la ampliación de la duración de la prestación básica de 21 a 24 meses, si el trabajador ha cotizado a la Seguridad Social durante 48 meses; el mínimo de la prestación queda igualado al salario mínimo interprofesional; el máximo de la cuantía de la prestación, que ahora era del 220% del salario mínimo interprofesional, se sustituye por una escala variable de acuerdo con el número de hijos dependientes del beneficiario.

Los parados que lo son por despido procedente también tendrán derecho a la prestación; en el subsidio para mayores de 55 años se reconoce a quienes hayan cotizado el período mínimo exigido la prestación complementaria hasta obtener la pensión de jubilación; la prestación complementaria actual, que es de 9 meses, se amplía a 18, y, por último, la nueva duración de la prestación complementaria se aplicará a aquellos desempleados que la hayan agotado y estén demandando todavía un empleo al 1 de noviembre de 1984. Ello supone una ampliación de 9 meses.

El Congreso convalidó también ayer tarde un real decreto-ley por el que los bancos privados, excepto el Exterior de España y las Cajas de Ahorros, quedan obligados a destinar hasta el 12% de sus recursos a la inversión de títulos de deuda a corto o medio plazo emitida por el Tesoro o por el Estado.

El decreto encontró la oposición de los distintos grupos de la Cámara, excepto el socialista, y fue calificado por el Grupo Popular como una muestra del intervencionismo del Gobierno en el mercado monetario.