ETA pierde su refugio político en Francia

EL COMUNICADO conjunto de los ministros del Interior de Francia y de España (véase EL PAIS de 15 de junio) despeja las últimas dudas que pudieran existir todavía acerca de la nueva actitud de las autoridades galas respecto a las diferentes ramas de ETA. Particular importancia reviste la afirmación del ministro Defferre de que "Francia no tolerará que nadie, empezando por quienes en el pasado se beneficiaron de la hospitalidad francesa, cometa actos contrarios a las reglas del Derecho francés y a la amistad y solidaridad que unen a las dos democracias, la española y la francés. El comunicado sienta la doctrina de que "un terrorista no es un asilado político", lo que implica la imposibilidad jurídica de que los miembros o colaboradores de ETA se acojan al estatuto de refugiado.Felipe González ha alcanzado el objetivo que ninguno de los anteriores Gobiernos españoles, pese a sus esfuerzos, había llegado a conseguir: el compromiso formal de las autoridades francesas de combatir las actuaciones de ETA dentro de su territorio y la clara formulación por el Gobierno de París de que las actividades de esas bandas armadas tienen un carácter inequívocamente terrorista y amenazan gravemente a la democracia española. Sería imprudente y precipitado que el Gobierno cantara ya victoria, entre otras razones porque los apoyos sociales y las estructuras operativas de las distintas ramas de ETA dentro de territorio español no han desaparecido. Hay incluso motivos para temer intentos desesperados -hasta ahora los activistas de ETA nunca han realizado operaciones suicidas- y atentados todavía más brutales por parte de quienes se vean obligados a cruzar la frontera como consecuencia de las medidas adoptadas por Francia. Pero la cooperación francesa puede debilitar grandemente la capacidad de los terroristas para seguir atentando contra los derechos humanos y contra las instituciones democráticas.

El comunicado recoge también el propósito del Gobierno español de "facilitar el retorno y el establecimiento en España de los ciudadanos españoles que, por razón de su pasada actividad, salieron del país y se encuentran actualmente en Francia y sobre los que no pesa ningún tipo de reclamación judicial o de la policía". En el contexto de esa oferta global de "reinserción social", las autoridades españolas se comprometen a "dar todas las garantías, tanto desde el punto de vista judicial como policial, a todos los que acepten volver a España", a la vez que "el Gobierno francés contribuirá a permitir la realización de esta decisión del Gobierno español". Es presumible que las gestiones diplomáticas con algunos países latinoamericanos faciliten el extrañamiento de Francia y del continente europeo de quienes no puedan o no quieran ser incorporados a esa oferta de reinserción social. El silencio de las armas, la definitiva consolidación de la paz y la cicatrización de las heridas morales, que sólo el paso del tiempo hace posible, quizá permitan en el futuro reconsiderar incluso la situación de una parte de los presos condenados por sentencia firme.

La negativa a aceptar que los crímenes de ETA encajen dentro de la categoría jurídica de los delitos políticos, que permite a quienes los perpetran acogerse al derecho de asilo en los países civilizados, no implica, sin embargo, la completa desaparición de móviles ideológicos en tales comportamientos. En la estrategia contra la violencia terrorista de ETA, tan importante puede ser la desarticulación efectiva de las bandas armadas como la labor de impedir, a través de una política inteligente de reinserción social, el reclutamiento de nuevos activistas y colaboradores. Por eso es preciso distinguir entre lo que puede ser un éxito policial, como el derivado del tiroteo de Hernani, aunque en él se hayan perdido desgraciadamente dos vidas humanas, de encerronas sospechosas como la de Pasajes hace unas semanas. Los excesos de las Fuerzas de Orden Público en sus operaciones, los ilegítimos procedimientos de interrogatorio aplicados a los detenidos o las represalias indiscriminadas de los cuerpos de seguridad contra la población fueron utilizados en el pasado por los terroristas para justificar la existencia de ETA y para poner en práctica métodos todavía más brutales e inhumanos e n su estrategia subversiva.

En la misma línea de razonamiento, es preciso insistir una vez más en la repugnancia que los métodos del terrorismo antietarra inspira. La sorprendente calificación del presidente del Gobierno de que los GAL practica-, ban un terrorismo de respuesta, como si hubiera terrorismos buenos y malos, es preocupante, porque pone de relieve la tendencia de zonas de la sociedad y el poder a aceptar el inadmisible -e ineficaz en estos casos- sistema de la ley del Talión. El atentado de ayer en Biarritz abre una nuevainterrogante sobre las bandas armadas antietarras, tan deleznables y dignas de ser perseguidas como los etarras mismos. Y más aún si se beneficiaran, directa o indirectamente, del apoyo o la tolerancia de estructuras oficiales. La brutalidad de los recientes asesinatos de guardias civiles, la barbarie de ETA, para nada justifica otras barbaries. Y un régimen democrático descansa sobre la defensa incondicional de los derechos humanos de los ciudadanos" sea cual sea su ideología y sea cual sea su conducta.