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Editorial:

La clausura del 'santuario' francés

LAS INFORMACIONES disponibles (véase EL PAIS de 11 y 12 de junio) sobre unos eventuales acuerdos entre los Gobiernos de Madrid y de París que al parecer serán ultimados en la visita a Madrid del ministro del Interior, Gaston Defferre, para impedir la utilización del territorio francés como base logística de las bandas armadas de ETA abren perspectivas esperanzadoras a la estrategia de erradicación de la violencia terrorista. Porque resulta necesario recordar que mientras el departamento de los Pirineos atlánticos sirva de refugio a la plana mayor de las organizaciones terroristas, los esfuerzos de nuestra policía para desbaratar sus redes de sostén e información dentro de España y para detener a los asesinos y extorsionadores que actúan a este lado de la frontera estarán condenados a moverse únicamente en las áreas geográficas donde se materializan y ejecutan las decisiones previamente adoptadas y preparadas en Francia.Los orígenes históricos de la violencia terrorista en el País Vasco, el contenido de las coartadas ideológicas destinadas a justificar sus crímenes y las bases sociales que respaldan o disculpan los atentados de las bandas armadas impiden, por supuesto, exportar hacia Francia la responsabilidad política de esa sangrienta explosión de destrucción que ha costado ya la vida a varios centenares de españoles con o sin uniforme y que se propone, a través de su estrategia de provocación a las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad, servir de fulminante a las tentativas de desestabilización democrática. Al tiempo, sin embargo, cualquier analista aceptará como hecho difícilmente rebatible que la clausura del santuario francés resulta una condición necesaria, aun que no sea suficiente, para la erradicación de la violencia terrorista en nuestro suelo.

Las sangrientas incursiones en territorio francés de los llamados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), una organización de mercenarios cuyos crímenes salpican de sangre, de cieno y de responsabilidad penal a quienes pagan a los caza-recompensas, puso todavía más de manifiesto que las bandas armadas de ETA vivían en un régimen de laxa clandestinidad en el departamento de los Pirineos atlánticos. El Gobierno francés tiene la imperiosa obligación de aplicar la ley dentro de su territorio, tanto para castigar a los asesinos de los GAL como para impedir que los terroristas de las diferentes ramas de ETA escapen a la acción de la justicia española, organicen los preparativos de sus futuros crímenes y realicen acciones delictivas relacionadas con el tráfico de armas y el cobro de extorsiones. El Estado francés se enfrenta también con el inexcusable deber de poner fin a una farsa tan insostenible como la de pretender que los miembros de las bandas terroristas que operan en España sean acreedores del derecho al asilo político o a la complaciente tolerancia de los servicios de seguridad.

Las eventuales medidas que puede dictar el Gobierno español para posibilitar la reinserción social de los antiguos colaboradores de las bandas armadas que, sin responsabilidades por delitos de sangre, estuvieran formalmente dispuestos a cortar cualquier conexión con el terrorismo podrían cerrar el círculo de la ofensiva contra las diferentes ramas de ETA. La abstracta contraposición entre medidas políticas y medidas policiales no es sino tina torpe manera de negar el carácter complementario de esos dos aspectos, igualmente necesarios, de la lucha de desgaste contra la violencia terrorista. Pese al siniestro historial de las bandas armadas, nadie puede, sin caer en una abyecta simetría del crimen, proclamar que el objetivo de ese combate debería ser el completo exterminio de los terroristas y no su derrota. Un Estado de derecho, un sistema democrático y una sociedad civilizada poseen legitimidad y autoridad indiscutibles para combatir y erradicar los desafios de los violentos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de junio de 1984