Jubilaciones sin júbilo

Como era de temer, ya ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados, aunque se encuentra actualmente en trámite parlamentario en el Senado, la nueva ley de Reforma de la Función, Publica. La mayor parte de su contenido puede ser materia opinable. Pero como dicha ley transforma la reglamentación administrativa de la extensa y compleja masa burocrática del Estado, convirtiéndola de reglada en discrecional, el resultado puede ser bueno o malo según que el Estado actúe o no con discreción y acierto.De todos modos, existen ciertos recelos generales respecto a su capacidad para usar adecuadamente de esta discrecionalidad que se ha hecho otorgar manu civile, gracias a su peso parlamentario. De un cuerpo político y administrativo en el que campea "la confusión de competencias, las predilecciones arbitrarias y las fobias injustificadas", como decía hace poco un editorial de EL PAÍS, es dificil esperar que se huya de estos males.

Uno siente ciertos augurios, quizá oníricos o subconscientes, de que todo esto se ha hecho para algo. Es una tentación irresistible aplicar a nuestro caso, mutatis mutandi, lo que expresaba un viejo dicho acerca de los fines reales de las dictaduras. "Cuando a un pueblo le atan las manos es que quieren registrarle los bolsillos".

Pero esto, a casi 15.000 funcionarios ya no les ha de preocupar. Una jubilación anticipada, a la fuerza y sin compensación económica alguna, les va a librar de problemas corporativos. Que un partido antaño llamado de los trabajadores sea, precisamente, el que ponga en la calle a un grupo de trabajadores de la Administración que ha dedicado al Estado toda su vida, de esta forma despreciativa e injusta, es algo que nos ilustra muy gráficamente sobre la arbitrariedad e insensatez del mundo en el que vivimos, o morimos. Porque en ningún sitio de Europa, en ningún colectivo de trabajo, propio o foráneo, privado o estatal, se ha jubilado a nadie a la fuerza antes de que se haya cumplido el plazo laboral que la ley había fijado. Cuando en las naciones civilizadas desea un Estado reducir este período hace ofertas económicas compensatorias para los que acepten la jubilación anticipada.

Cuando el ministro de la Presidencia ha argumentado sobre estas jubilaciones lo ha hecho presentándonos tal atropello como una medida necesaria para estar a la page, al nivel y a la marcha de Europa. Todos los funcionarios de por ahí se jubilan a los 65 años. Ya lo sabemos. Lo que no nos dicen es con qué proporción de lo que ganaban en activo. Lo que sigue es un breve panorama de lo que pasa en Europa, según datos recopilados en las embajadas respectivas.

La situación europea

Como puede verse en el cuadro adjunto, la, magra proporción que percibe un funcionario jubilado en nuestro país, en relación con lo que ganaba cuando estaba en activo, no admite parangón alguno ni con las clases pasivas europeas ni siquiera con las de nuestras empresas privadas. Según información de EL PAÍS de 24 de mayo pasado, un titulado superior sólo va a percibir el 36,4% de lo que obtenía en activo; un titulado medio, el 56%, y uno de grado inferior, el 62,8%. Estos datos, no obstante, sufren una extraña inflación o deflación según la fuente que los suministra. Los anteriores parecen provenir de] mismo Ministerio de la Presidencia, por lo que exhiben un optimismo triunfalista que es habitual en todos los juicios que sobre las jubilaciones y el famoso proyecto de reforma se imparten desde aquella santa casa. Mis propios datos, demasiado extensos para ser insertados en este breve espacio, rebajaría los anteriores porcetajes en un 15%. Como muestra, manifiesto con rubor que tras mi inminente morituri administrativo sólo percibiré el ¡28,26%! de mis emolumentos actuales. Inspector financiero tributario, con cargo directivo y 43 años de servicios.

Para ser más exactos, 96.780 pesetas mensuales más dos pagas. Lo mismo, peseta más, peseta menos, que un subalterno o auxiliar de un organismo autónomo acogido al régimen de la Seguridad Social. Habrá de admitirse que el famoso título que poseemos de cuerpos de elite está muy lejos de acompañarnos a la sepultura, como el genio y la figura del refrán.

Pero todavía queda la guinda del pastel. El día 1 de este mes, la Prensa nos deja boquiabiertos con este titular: "Serra anuncia que los militares que opten por retirarse cobrarán su salario íntegro y ascenderán un grado". Claro está que a los funcionarios civiles nos perjudica mucho no tener cañones, pero, ¿no habrá pensado Moscoso que si ofrece las antedichas condiciones a los funcionarios públicos serían tantos los que se marcharían a sus casas, y bendiciéndole, que pronto podría cubrir los famosos 800.000 puestos de trabajo? Pues parece que no. Lo de nosotros es sólo una reconversión administrativa, cuyos costes económicos, en vez de ser soportados por todos los españoles, lo van a ser por los reconvertidos. Sistema expeditivo y rentable que, de poder ser utilizado por la empresa privada, produciría el gozo de Ferrer Salat y todos los cenáculos empresariales.

Protestas y recursos

Ahora, el Gobierno traslada sus promesas al Senado. Demasiado tarde. Ni las vagas atenuaciones de la ley con las que nos encandilan ni la corrección de ese brutal y acelerado calendario de jubilaciones -en el presente año se han de jubilar tres generaciones de golpe- sirven ya para detener las acciones en marcha. Aparte de las protestas escritas o los movimientos de huelgas, todas, las asociaciones de funcionarios preparan sus recursos -se vulneran, respecto a las jubilaciones, los artículos de la Constitución 9.3, 14, 33.3 y 41 y cada uno de los jubilados a la fuerza, su reclamación indemnizatoría por la vía contencioso-administrativa.

Es una forma insólita de terminar una carrera administrativa, pero valdrá la pena observar con qué argumentos un Tribunal Supremo podría defender el atropello que se hace a los viejos funcionarios.