Descubiertas irregularidades económicas en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz

Un informe de la auditoría, aún inconclusa, que se realiza en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz pone de manifiesto una serie de irregularidades de las que se deduce una diferencia de 20 millones de pesetas entre el arqueo sorpresivo de la caja y la existencia en efectivo que figuraba en el parte diario correspondiente al día del arqueo. El período auditado corresponde a los años 1976 a 1983. El delegado del Estado en la zona franca, cargo que nombra o cesa el Gobierno, es Antonio Toscano Montes de Oca, ex secretario provincial de la desaparecida UCD.Ese cargo no fue renovado tras el acceso del PSOE al poder, lo que provocó gran malestar entre los socialistas gaditanos. En medios políticos de la provincia se da como seguro que la permanencia de Toscano al frente de la delegación del Estado en la zona franca obedece a un acuerdo entre el ex vicepresidente económico García Díez y el actual ministro de Economía, Miguel Boyer.

Las discrepancias entre Antonio Toscano y los socialistas se han demostrado en las relaciones entre el consorcio y el ayuntamiento, cuyo titular es el presidente nato del pleno del Consorcio de la Zona Franca. Con motivo de la constitución del Ayuntamiento en el año 1979, tras las primeras elecciones municipales democráticas, el alcalde, Carlos Díaz, solicitó una auditoría oficial y anunció que sólo acudiría a los plenos imprescindibles.

La auditoría no se inició hasta el acceso del PSOE al poder. Desde su inicio, el alcalde solicitó reiteradamente informes y resultados. En uno de esos informes aparece la presunta irregularidad de 20 millones de pesetas de diferencia, que ha motivado, según dijo a este periódico el alcalde de Cádiz, su puesta en conocimiento del Tribunal de Cuentas del Reino. A esto se añade un comunicado difundido ayer por los socialistas gaditanos en el que solicitan el cese inmediato de Antonio Toscano, porque consideran que su gestión "ha conducido a un divorcio absoluto con el ayuntamiento".

En la misma nota los socialistas solicitan la clarificación de las anomalías observadas en el informe y la urgente finalización de la auditoría. Con anterioridad, la ejecutiva provincial de los socialistas había reclamado de los Gobiernos central y autonómico "que se completasen los nombramientos para cargos públicos de la Administración", refiriéndose indirectamente al caso de la Delegación del Gobierno en la zona franca, y pretendían que se unificasen los cargos de presidente de la Junta del Puerto de la bahía de Cádiz, no remunerado, con el de la zona franca, con fuerte asignación económica.

Por otro lado, Antonio Toscano comentó a EL PAIS que él mismo había pedido la auditoría, y que sobre el desfase de cifras no se conoce si se trata de diferencia contable o efectiva. Igualmente señaló Toscano que su intención era poner el asunto en manos del juzgado por si hubiese responsabilidades, que en todo caso serían del encargado de la contabilidad del consorcio.